DESTINO ERE


 

Recientemente recogían diversos medios de comunicación la preocupación de los sindicatos por el aluvión de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que podrían plantearse en los Ayuntamientos principalmente a partir de las próximas elecciones locales.

 

Desde que a principios del año 2010 el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera sacudiera los cimientos de la estabilidad y seguridad del empleo público con el planteamiento de un ERE, algunos Ayuntamientos y alguna Comunidad Autónoma (Seaga, empresa pública de Servizos Agrarios Galegos), han cogido el mismo tren que el citado Ayuntamiento gaditano, pero, a diferencia de este último, en el que sus “pasajeros” han subido al mismo para bajarse a continuación, en algunos de estos otros sí han tenido que apearse en la estación de destino, bien para nunca más regresar, bien, en el mejor de los casos, para pasar una estancia temporal. Estos pasajeros involuntarios no son otros que aquellos empleados públicos unidos a la Administración por una relación laboral y que, por tanto, se encuentran sometidos con carácter general a la legislación laboral, sin perjuicio de que paralelamente les resulte de aplicación cierta normativa específica propia de su condición de empleados públicos.

 

Si bien la normativa laboral siempre ha incorporado medidas de regulación de empleo, la especial naturaleza del empleador que ahora manejamos -una Administración Pública- hace cuestionar la aplicabilidad de unas medidas claramente dirigidas a salvaguardar intereses sociales ligados a la viabilidad de una actividad económica y consiguiente supervivencia empresarial. Es aquí, precisamente, donde se aferra el Ministerio de Trabajo para rechazar la aplicación de un ERE en una Administración Pública, al considerar que se trata de una medida limitada a la actividad empresarial o a entidades que persigan la obtención de un lucro. No obstante este posicionamiento del Ejecutivo central, también compartido por las organizaciones sindicales, viene a caer en saco roto por cuanto la autoridad laboral competente para la aprobación administrativa del expediente será la de la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se incardine el Ayuntamiento en cuestión, que bien puede tener un criterio distinto.

 

Este tipo de cuestiones en cierta manera viene a humanizar, o socializar, a un colectivo de trabajadores tradicionalmente calificados como privilegiados, tal y como sostendrán los detractores de un sistema de empleo público que es garante de estabilidad con independencia de la eficiencia y rendimiento en el desempeño del trabajo. Pero es evidente que ese no es el debate ni la reflexión que requiere la cuestión analizada. Preferimos focalizar la reflexión en que la irrupción de las medidas de regulación de empleo en la Administración debe causar sorpresa relativa, y ello por la dualidad de regímenes jurídicos aplicables a su personal (funcionario y laboral), dualidad que no ha podido ser superada por el Estatuto Básico, a pesar de la voluntad unificadora del término empleado público. Resulta significativo a estos efectos el Capítulo I del Título I del EBEP relativo a los Derechos de los empleados públicos, en cuyo artículo 14 (fatal coincidencia con el contenido de su homónimo en la norma constitucional) se diferencia estos derechos en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio, y, en concreto, el derecho a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. Luego, el personal laboral no es inamovible en esta condición.

 

Partiendo de esta realidad, quizás no resulte nada desdeñable afrontar la cuestión desde la óptica que distorsiona la efectividad de la medida de regulación de empleo, y que no es otra que la existencia de una Administración. Al margen del criterio sostenido con carácter general por el Ministerio, si nos centramos en la administración local debemos recordar el giro radical en la política funcionarial de las Corporaciones locales operada por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, que entre otras cosas, declaró básicos los artículos 167 y 169 del RDLeg 781/1986, y por tanto, la obligación de proveer con personal funcionario las Escalas de Administración General y Especial, sin perjuicio de reducir la laboralización para el personal de oficios de Servicios Especiales de Administración Especial. Por ello, aunque la Disposición Transitoria 2ª del EBEP haya mitigado los efectos de esta modificación, permitiendo la continuidad del personal laboral fijo que a la entrada en vigor del mismo estuviera desempeñando funciones de personal funcionario, o bien existiera convocatoria anterior a esa fecha, ello no impide el control de la clasificación de las plazas en plantilla a los efectos de que se adscriban al colectivo legalmente exigido que no es otro que el funcionarial, garante, dicho sea de paso, de los principios de objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función pública.

 

En definitiva, quien suscribe este post intuye que los ERE emprendidos, o a emprender, se presentan como una solución inevitable ante la crítica situación de muchos ayuntamientos, lo que no impide señalar que a esta situación se llega fundamentalmente por una deficiente política de personal (plantillas sobredimensionadas, concatenación de contrataciones irregulares, ausencia de gestión de personal, asunción co-responsable de competencias de otras administraciones con repercusiones presupuestarias …etc), cuyos efectos perniciosos se solapan en épocas de bonanza económica pero que explotan en tiempos como los actuales.

 

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