Archive for junio, 2011

15/06/2011

El Tribunal Constitucional respalda la rebaja salarial a los empleados públicos.


Era una crónica anunciada que el Tribunal Constitucional no iba a enmendarle la plana al Gobierno, lo que no era previsible es la forma en que lo ha hecho. El núcleo de la cuestión era si a través de un Decreto ley podía incidirse en las previsiones salariales de los convenios colectivos vigentes para el personal laboral del sector público, dado que le está vedado a este tipo de norma afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título Primero de la norma constitucional (entre ellos el derecho a la negociación colectiva y el de libertad sindical). Nótese además que el art.37.1 de la Constitución dispone: La Ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.

Pues bien, a pesar de las dudas fundadas que llevaron a la Audiencia Nacional (Tribunal tuitivo de la acción gubernamental donde los haya) el Tribunal Constitucional califica el planteamiento de la cuestión de “notoriamente infundado“. Y se despacha diferenciando entre la regulación de los derechos fundamentales y libertades públicas y otra la intangibilidad de los convenios colectivos concretos (son vinculantes pero no intangibles). A nuestro juicio, un convenio colectivo es la expresión de la libertad sindical y por tanto si son tangibles no son vinculantes. Imaginemos esta misma regulación afectando a un convenio de una empresa privada.

Aun con todo, lo que más llama la atención es la inadmisión del problema que se planteaba al no afectar la reducción salarial a todas las empresas públicas, sino solamente a algunas escogidas arbitrariamente. Se despacha el Tribunal señalando que si estimase el recurso, el resultado no sería que se eliminase la rebaja a los que la sufrieron, sino la ampliación del sacrificio a más empleados. Pues claro, lo que sucedería es que, si el sacrificio se hubiese repartido equitativamente, la reducción porcentual hubiera sido sustancialmente menor. Pues no, resulta que a partir de ahora el Gobierno puede seleccionar en función de sus intereses electorales como aplica la medicina de la atemperación retributiva. Vamos una joya.

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13/06/2011

A vueltas con la productividad de los empleados públicos


En estos tiempos de crisis económica, han proliferado los estudios que abordan las formas y métodos para paliarla. Uno de los aspectos que están siendo más tratados y debatidos es el referido a la productividad, y en concreto a la productividad del sector público. Se trata de un asunto que debía de haber preocupado a los poderes públicos y a los agentes sociales en los tiempos de bonanza, porque su análisis en la situación actual no aporta la templanza que el rigor requiere. Es más, forma parte de la política de tiro al blanco indiscriminado conforme a la que se dispara a todo lo que se mueve por si acaso sirve para mejorar la situación. No obstante, ahora, la adopción de medidas resulta obligada y, por tanto, forzada. El mal menor es que se van a plantear medidas drásticas; el mayor, que seguramente no serán las correctas.

A diario nos desayunamos con titulares periodísticos en los que se realizan afirmaciones referentes a la baja productividad dela Administración; esas noticias tienen generalmente apoyo en informes y estudios realizados por todo tipo de actores económicos y sociales que en su mayor parte respaldan intereses económicos concretos, con lo que la objetividad brilla por su ausencia.

Por un lado se encuentran las posiciones neoliberales auspiciadas principalmente por los sectores empresariales y los partidos políticos de centro-derecha, que afirman sin ambages la necesidad de  aumentar la productividad de la Administración disminuyendo su peso en nuestra economía y vinculando los salarios de los empleados públicos a la productividad.

En el lado opuesto, se encuentran los sectores sindicales y los partidos políticos de izquierda que argumentan la necesidad de mantener el peso del sector público como fundamento del Estado del Bienestar.

Dentro de este debate se enmarcan, como es obvio, las medidas de ahorro adoptadas hasta la fecha que afectan a los empleados públicos, y esencialmente el recorte retributivo recientemente operado; recortes que, tras la constitución de las nuevas corporaciones locales y comunidades autónomas, tienen toda la pinta de ampliarse.

Ante esta situación, es menester clarificar de qué estamos hablando cuando hablamos de mejorar o aumentar la productividad de la Administración.

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06/06/2011

Oferta de empleo público, tasa de reposición de efectivos y consolidación de empleo temporal


Desde hace unos meses venimos asistiendo expectantes a la polémica desatada por el anuncio de impugnación, por parte de la Administración del Estado, de las ofertas de empleo público docente de diversas Comunidades Autónomas, motivada en el incumplimiento de los límites establecidos en el art. 23.1 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

El citado precepto estableció que durante el año 2011, el número total de plazas de nuevo ingreso del personal del sector público sería, como máximo, igual al 10 % de la tasa de reposición de efectivos. Dentro de este límite, la oferta de empleo público tendrá forzosamente que incluir los puestos y plazas desempeñados por personal interino por vacante, contratado o nombrado con anterioridad, excepto en aquellos casos en que exista reserva de puesto, estén incursos en procesos de provisión o se decida su amortización.

Añade la norma que no se tomarán en consideración, a efectos de dicha limitación, las plazas que estén incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la Disposición Transitoria Cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público (recordemos que el EBEP reserva la posibilidad de convocatorias de consolidación a los puestos o plazas de carácter estructural que estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005).

Se establece en la norma presupuestaria que, no obstante, el límite será del 30 % de la tasa de reposición de efectivos en dos casos:

a.- Las Corporaciones locales de menos de 20.000 habitantes.

b.- Las Administraciones públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes.

Con esta regulación, los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, es decir, los pequeños Ayuntamientos, se encuentran avocados, en la inmensa mayoría de los casos, a no poder aprobar la oferta de empleo público para el ejercicio 2011, ya que sólo podrían hacerlo si contasen con tres o más vacantes generadas en el 2010.

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