La productividad de la Administración local en España. Encuesta: ¿son productivos los empleados públicos de su Ayuntamiento?


La actitud de los políticos ante la crisis en lo que se refiere al empleo público recuerda al personaje de la Reina de Corazones de esa joya del pensamiento que es Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas y a su compulsiva manía decapitadora (“¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten la cabeza!”).

La eficiencia de los empleados públicos ha de ser abordada con urgencia, es cierto, pero con decisiones estratégicas. No hacerlo así, actuando como “el peluquero loco” es una decisión como a las que se refiere la viñeta.

¡El Estatuto Básico ya lleva vigente casi cuatro años!, y el panorama es desolador:

– Aplicación de la carrera administrativa y la evaluación, en el mejor de los casos, en clave de complementos fijos, jaleada por representantes políticos y sindicatos. Los ejemplos son multitud y de diferente factura: otorgamiento de niveles de carrera de forma generalizada en campaña electoral; ¡aplicación irregular por Sindicaturas de Cuentas!; dictado de leyes autonómicas específicas al margen de la regulación general en la que tales cuestiones debían integrarse…

– Desentendimiento de la tarea de diseño de sistemas y normativa legal y reglamentaria…

En fin, reparto de dinero sin ninguna relación con los fundamentos del sistema, en la misma línea inveterada de “justicia social” tan propia de esta nuestra Administración.

– Respecto al esencial tema de la implantación y refuerzo de un sistema de directivos públicos basado en la “confianza ejecutiva”, ¿qué decir?: la realidad –terca ella-, es que  nuestros miopes políticos de visión estrecha y cortoplacista, con las excepcionales excepciones que es de justicia acotar, han seguido “a lo suyo” ¿Qué más da eventuales que directivos? ¡La única confianza es la confianza política¡

Si la productividad (más correctamente: eficiencia) es importante, ¿por qué no la medimos? ¿Es que es imposible? No es cierto. Entonces, ¿será que no interesa?. No interesará a algunos, pero a otros sí nos interesa, y además pensamos que s una cuestión fundamental porque afecta a la “justicia retributiva” y sin ella es imposible la eficiencia.

Por eso, uno de los temas fundamentales de este blog es ahondar en esta cuestión.

La medición de la productividad del sector público, que es una medición macro realizada mediante sistemas estadísticos internacionales, se basa en “el grado de consecución de sus objetivos”, pudiendo adoptarse, entre otras, la opción de medir el valor añadido de los servicios públicos. Ha de tenerse en cuenta que si el método se asienta sobre el valor añadido se conectan las productividades a nivel macro con las de cada entidad o, lo que es lo mismo, los esfuerzos de creación de valor a nivel de cada entidad se reflejan en los datos nacionales.

No obstante, y este es el fulcro de la cuestión, las mediciones realizadas a este nivel mensuran, por lo general, el output en función de los imputs; es decir, la productividad pública se mide en función del coste imputado en la provisión del servicio, con lo que el debate se centra en cómo reducir costes, en vez de analizar cómo proveer a los ciudadanos de los servicios que demandan. Esa forma de proceder se fundamenta en los sistemas utilizados por la contabilidad nacional (SEC-95) midiéndose el valor de la producción de las Administraciones Públicas por el coste de los elementos que la integran, y principalmente, por el nivel de las retribuciones de los empleados públicos. Este método se utiliza para salvar dos dificultades: la falta de de definición de una unidad de producto público y la no disponibilidad de un precio de mercado para el producto de los servicios públicos.

Y el error viene, precisamente, cuando, sobre las bases de ese sistema de medición, se aplican políticas “potenciadoras de la productividad”, porque lo cierto es que, de forma evidente, el volumen del producto público es un concepto diferente del gasto público, pues con el mismo gasto público se puede producir más cantidad de producto público en función de la eficiencia. Es decir, la medición  del output a través de los imputs imposibilita la medición real de la productividad. Por otro lado, medir la producción teniendo en cuenta únicamente el coste del factor trabajo resulta claramente sesgado e incorrecto. Ninguna duda cabe que es necesario incorporar todos los costes y medir la cantidad y calidad del producto, y para ello es preciso utilizar “sistemas de indicadores de gestión” habituales en Reino Unido y Estado Unidos.

Lo señalado, no implica que el volumen de las retribuciones de los empleados públicos sea indiferente; resulta evidente su importancia, pero esa magnitud depende fundamentalmente de dos factores: número de empleados públicos y nivel retributivo de los mismos. Y no solo del nivel retributivo. Incluso: se pueden reducir las retribuciones y reducir la productividad real. Es seguramente el caso del recorte del 5%.

Ciertamente deberán aplicarse medidas de ajuste fiscal, pero la “tijera” ha de utilizarse dentro de una estrategia, y en ella habrán de comprenderse inexorablemente medidas planificadas sobre el empleo público de cada entidad.

Lo cierto es que la productividad de los empleados públicos españoles es estimada como muy baja en el ámbito de la UE, y se debe a varias razones. Las principales:

  1.  Falta de consolidación de una función directiva profesional.
  2.  Escasa orientación del gasto y las retribuciones a objetivos.
  3.  Altísimo grado de absentismo.
  4.  Bajo número de horas trabajadas.

Evidentemente, esto es aplicable sin mucho esfuerzo a la Administración local. Que cada uno se mire el ombligo mediante esta breve y fácil  encuesta (cada pregunta debe contestarse con un número del 0 al 5, siendo el cero la más cercana al NO absoluto y el cinco la más aproximada al incondicionado. Nótese que no se pueden otorgar puntuaciones negativas):

  •  ¿Existe en su Ayuntamiento  evaluación del rendimiento real?
  •  ¿Las horas que de media trabajan los empleados públicos de su Ayuntamiento son las establecidas legalmente ? Pero no nominales, sino de trabajo real y sin cobrarlas como extras, productividad, gratificación o similar.
  •  ¿Existen directivos profesionales? Y si existen: ¿son profesionales contratados por su capacidad, formación y experiencia?
  •  El Departamento de RRHH: ¿Tiene real capacidad para abordar estratégicamente cuestiones relacionadas con la eficiencia?
  • El concejal responsable: ¿tiene capacidad y voluntad para aplicar medidas equitativas que eleven la eficiencia de los RRHH del Ayuntamiento?
  •  ¡¿Hay alguien?¡: ¿Existen en la entidad planteamientos estratégicos sobre RRHH?
  •  Va en serio: ¿Les preocupa a los respresentantes sindicales que las retribuciones sean acordes con la productividad de los empleados?

Es un cuestionario muy fácil de cumplimentar. Si el resultado que obtenéis es como el mío, es muy fácil saber la razón por la que los empleados públicos somos muy ineficientes.

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