Absentismo, evaluación del desempeño y carrera profesional a distancia.


En el ámbito de la Administración Local del Principado de Asturias se están dictando una serie de sentencias relativas a la incidencia del absentismo en la evaluación del desempeño y por ende en la carrera profesional de los empleados públicos que además de jurídicamente erróneas pueden, si la línea no se corrige, introducir una interpretación gravemente  perjudicial.

El Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias ya había abordado la cuestión, dentro del maremágnum jurídico organizado por el empeño de la Administración Autonómica de desarrollar la carrera profesional sin contar con la ley que para ello exige el EBEP. No obstante, e independientemente de la ilegalidad de todo el sistema, la STSJ de 21 de julio de 2010 declaró que considerar el absentismo (en concreto las bajas por incapacidad laboral) en cuestiones relacionadas con la carrera profesional suponía una discriminación respecto a los empleados públicos afectados.

En esa línea se produce una serie de sentencias procedentes del Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 1 de Gijón que abordan el asunto respecto a evaluaciones de funcionarios del Ayuntamiento de Gijón. Las resoluciones a las que hemos tenido acceso son tres de la misma fecha (24-5-2011): sentencias 97, 98 y 99 de 2011.

El Ayuntamiento de Gijón viene aplicando, desde el ejercicio 2009, un sistema de evaluación del desempeño y carrera profesional, a pesar de que no existe norma autonómica general que desarrolle las previsiones del EBEP. A falta de norma autonómica, para la evaluación del desempeño se apoya en la regulación del clásico complemento de productividad y, en lo que se refiere a carrera profesional, en la progresión mediante consolidación de grados personales. No entramos ahora en la corrección del sistema que es asunto distinto del de este comentario.

El Manual de Evaluación del Desempeño municipal, dentro de la tabla de puntuaciones, establece el otorgamiento de 10 puntos a quien tenga un nivel de absentismo inferior al 6%. Ha de tenerse especialmente en cuenta que la incorporación al sistema por parte de los empleados es voluntaria y que en ningún caso el absentismo, por si mismo, supone ni evaluaciones negativas, ni disminución de puntuación obtenida por otros conceptos, ni, en fin, efectos que puedan incidir sobre la situación previa del funcionario para empeorarla.

En los casos analizados, en el momento de la evaluación, a los tres trabajadores que luego recurrieron, no se les adicionaron los 10 puntos correspondientes a reducción del absentismo porque habían estado de baja por enfermedad entre 3 y 5 meses, durante el periodo evaluado.

Sometida esa actuación a la consideración del Juzgado, éste siguiendo la doctrina iniciada por la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJ, señala que se ha producido un acto de discriminación respecto a los empleados que no habían estado enfermos en el periodo evaluado y que el hecho de no obtener esos 10 puntos implicaba para los afectados consecuencias retributivas, de desarrollo profesional y promoción en el trabajo.

No ignora el juzgador, por que la cita expresamente, la trascendental Sentencia del Tribunal Constitucional de 14 de junio de 1993 que declaro ajustado a derecho, en un caso en que el convenio colectivo de la empresa preveía un incentivo por reducción del absentismo, el cómputo de días de huelga o el tiempo utilizado para emisión de voto en elecciones sindicales como absentismo. Para sortear esta clara doctrina, en el caso que analizamos, el juzgador se remite de forma abstracta a la injusticia que supondría imponer a quien ha estado enfermo una consecuencia desfavorable respecto a quien no lo ha estado, quedando afectados derechos constitucionales como el de promoción en el trabajo, igualdad y protección social.

El resultado de esta doctrina es, a nuestro juicio, claramente perjudicial para la plena efectividad de los fines que se persiguen con la evaluación del desempeño.

Con el entendimiento que incorporan las sentencias comentadas, resultará que un empleado público que se encuentre de baja durante todo el periodo evaluado no podrá ser “discriminado” respecto a los que trabajaron durante todo ese periodo, con lo que no sólo recibirá los emolumentos correspondientes a la evaluación como si hubiese trabajado, sino que además progresará naturalmente en la carrera profesional. Creo que se ha instaurado la telecarrera profesional que implica la posibilidad de ascender e incorporar méritos sin necesidad de trabajar. Se darán situaciones en las que el empleado que trabaje durante todo el periodo evaluado pueda incluso incurrir en conductas que minusvaloren su actuación profesional (llegar tarde al trabajo…) y al que esté enfermo, por motivos evidentes, se le considerará un desempeño perfecto y sin mácula.

Bien podría decirse que como gran parte de las evaluaciones del desempeño están orientadas a objetivos, quien no trabaje durante la mayor parte del tiempo, no alcanzará tales objetivos, pero si caemos en la cuenta que la mayor parte de esos objetivos serán grupales o departamentales, entonces su cumplimiento no dependerá de quien se encuentra en su casa.

Realmente es kafkiano. ¿Se le ocurriría a alguien que un alumno que por razones de enfermedad no acude a la escuela durante la mayor parte del curso escolar debe ser aprobado? ¡Claramente concurren derechos constitucionales para aprobarle y que supere el curso incluso sin examinarse!

¿Cómo será posible evaluar el desempeño profesional de alguien que no ha trabajado durante el periodo evaluado?; ¿podrá hacerse la carrera profesional a distancia?

Precisamente es el absentismo uno de los claros objetivos a mejorar con la evaluación del desempeño. Obviamente no podrá calificarse negativamente a quien no trabaja por estar enfermo, pero no es eso lo que el sistema del Ayuntamiento de Gijón establecía, dado que simplemente se regulaba la no obtención de puntuación por quien no cumplía el objetivo de reducción del absentismo.

Precisamente, alguna ley autonómica de función pública, que ya incorpora el sistema de evaluación, establece como uno de sus objetivos la reducción del absentismo. Se trata de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat valenciana, de ordenación y gestión de la función pública, que en su art.121.2 señala:

 “Los sistemas de evaluación se orientarán a la mejor gestión de las administraciones públicas, a controlar y reducir el absentismo, al progreso y desarrollo profesional y a la motivación del personal mediante su implicación en los objetivos previamente fijados por la organización, adecuándose, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos del personal empleado público”.

Mantener lo contrario es injustificado, incoherente e injusto, dado que fundamenta un mejor trato a quien no trabaja.

Respecto a los empleados públicos enfermos no es posible desconocer que en muchos casos tienen un privilegiado sistema protector dado que cobran durante toda la enfermedad ¡el 100% de sus retribuciones! No se les afecta ni uno solo de sus derechos, pero de ahí a decir que además tendrán los mismos derechos que quien trabajo continuamente, que progresaron en la carrera igual y que, encima, se les pagará por la productividad que otros han alcanzado va un trecho.

Esperemos que esta doctrina jurisprudencial menor varíe sin demora.

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