Actuaciones básicas para lograr la eficiencia de los empleados públicos: 1.- La reforma de la estructura territorial.


No sé donde he leído que los chinos denominan de igual forma a la crisis y a la oportunidad, lo que no deja de ser una filosofía en nuestra realidad actual.

   Con motivo de las elecciones a celebrar el domingo próximo, los candidatos de los diferentes partidos políticos se han lanzado a realizar propuestas relativas a la disminución del gasto público, y en lo que ahora importa, se están formulando planteamientos sobre la estructura territorial de la Administración local, tendentes a su “adelgazamiento” mediante la reducción de entes territoriales.

    Desde todos los puntos de vista se trata de un tema nuclear  en el que parece existir, ahora, un elevado y renovado consenso: existe una importante “polución administrativa” con dos, tres, cuatro o cinco niveles de administración local, dependiendo de los territorios que resulta absolutamente ineficiente y genera un gasto público desproporcionado e injustificado. Es más, Expansión ha publicado una encuesta empresarial en la que este colectivo considera que, además de la reforma laboral, la cuestión más importante es la reestructuración de la Administración, incluso por delante de la reducción de impuestos.

   Podría pensarse -a buenas horas mangas verdes- que la coyuntura no facilita una reflexión serena; no obstante, en este asunto, más vale reflexionar de forma apurada que no hacerlo (crisis=oportunidad).

    El asunto es también el fulcro principal en lo que se refiere a la eficiencia de los empleados públicos locales, sencillamente porque sin un tamaño adecuado, las administraciones locales no tendrán una adecuada estructura de gestión recursos humanos; carecerán de planificación; no podrán incorporar personal directivo; y, en fin, resultará inviable la puesta en marcha de sistemas de evaluación o carrera profesional. Y todo ello sin aludir a los fenómenos asociados a la existencia de entidades de pequeño tamaño (captura de políticos y funcionarios por grupos de interés, efecto desbordamiento…).

   Desde todos los puntos de vista: es preciso acabar con el minifundismo administrativo local y el exceso de entidades concurrentes en este nivel de la Administración territorial; desde el punto de vista de los recursos humanos también.

   Comenzando por el minifundismo: existen en España unos 8.112 municipios que a su vez han generado otras 8.246 entidades (desde Mancomunidades a sociedades mercantiles públicas pasando por organismos autónomos y demás). En cuanto a dimensión:

– Aproximadamente 4.862 municipios tienen menos de 1.000 habitantes.

– 6.800 menos de 5.000 habitantes

–  7.364 menos de 10.000 habitantes.

– y 7.718 tienen menos de 20.000 habitantes.

   Es decir, sólo 748 municipios tienen más de 10.000 habitantes.

   Fácilmente se comprenderá que la mayor parte de los Ayuntamientos carecen la más mínima capacidad de gestión y que se encuentran incapacitados para desarrollar sus competencias de forma razonable. Algunos plantean que la posibilidad de acudir a fórmulas asociativas (mancomunidades y consorcios) sería suficiente paliativo, pero no es así, porque independientemente del estrepitoso fracaso de la mayor parte de estos entes (lo que conozco de cerca), tales soluciones conllevan a la creación de nuevas estructuras para gestionar los mismos intereses.

   Por otro lado, resulta surrealista que se esté otorgando alguna credibilidad a la propuesta lanzada consistente en la eliminación-conversión de las Diputaciones sin aludir, ni de pasada, a la disminución de municipios. Una cosa es que deba revisarse el papel y actividad de estos entes, pero lo que resulta evidente es que los mismos son imprescindibles para que tenga algún sentido la existencia de los pequeños municipios. Es más aunque el minifundismo se atemperarse, tales entidades debrían seguir existienedo aunque evidentemente con otra dimensión y con distinto enfoque centrado en temas estratégicos y de modernización (el coste sería evidentemente otro y los beneficios también).

   Bien es cierto, como sostiene Martín Pallín en el artículo de opinión publicado hoy en El País (http://www.elpais.com/articulo/opinion/Recortes/politicos/sinalagma/imperfecto/elpepiopi/20111117elpepiopi_5/Tes) , que los pequeños municipios (menos de 1.000 habitantes) no suponen un gasto extra en lo que se refire a concejales, dado que estos generalmente no cobran, y que, por contra incorporan un nivel de representatividad social no desdeñable, pero también lo es que ese efecto benéfico se podría alcanzar sin necesidad de que existiese una estructura municipal, a través de juntas de barrio, distrito o similar.

   A lo anterior habría que añadir la inmensa red de organismos autónomos soiedades municipales y demás que son nada menos que son varios miles, y en algunos territorios como Cataluña, sumar hasta dos niveles administrativos más (comarcas y veguerías).

     En fin el tamaño y coste es absolutamente desproporcionado, y la solución clara. No obstante, hasta el momento, todos los intentos de reducción voluntaria han devenido inútiles. Ahora (crisis=oportunidad) ya existen propuestas de los partidos que defienden abiertamente proceder por vía obligatoria y urgente (http://elcomentario.tv/reggio/un-modelo-obsoleto-ineficiente-e-irracional-de-rosa-diez-en-el-mundo/14/08/2011/).

   Quizá sea el momento oportuno; si es así debe procederse con urgencia mediante ley e incluso, si fuese preciso, modificarndo la Constitución. En ese caso tendríamos Municipios que serían más eficientes y podrían, en el ámbito del empleo público, tener una estructura que les permita incoporar directivos, evaluar el rendimiento y utiluizar sus recursos de forma mucho más eficente.

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