El aumento de jornada en los ayuntamientos (y 2)


Sigue el culebrón y promete:

A la incompleta  información que la FEMP y algunas Federaciones de Municipios Territoriales están transmitiendo a los Ayuntamientos, señalando que el aumento de jornada contenido en el Real Decreto-Ley 20/2011 es aplicable a los funcionarios locales con base a lo dispuesto en el art.94 LRBRL, y que ha de aplicarse comenzando la negociación con los empleados, se suman los apoyos que los sindicatos están encontrando para su tesis: inaplicabilidad.

La información de la FEMP y alguna de sus territoriales es claramente tendenciosa pues anima a poner en práctica el aumento, sin señalar la problemática real que eso conllevará. Y es de esperar, que tal aumento no se acepte y el asunto se enquiste.

Como comentábamos en este blog, considerar vigente el art.94 LRBRL, como nosotros considerábamos, no resuelve la cuestión, porque su aplicación supone discriminar a los funcionarios frente al personal laboral de los entes locales, al que, por supuesto y con claridad, no se le puede aplicar el aumento de jornada. Y eso era incompatible con el principio de igualdad.

La posición contraria -considerar derogado el art.94 LRBRL- tampoco era muy atractiva porque supone reconocer, aplicando el art.47 EBEP, que cada entidad local podría establecer una jornada diferente para sus empleados. Si es que algo quedaba de la función pública española, éste será el acabose.

Pues bien, el tema se recrudece:

1º Por una lado se ha puesto de manifiesto que la propia FEMP publicó en su día un Informe de expertos locales sobre el EBEP que sostiene una ambigua posición sobre la derogación del art.94 LRBRL y acepta como posible la misma. La FEMP debería considerar la importancia de la coherencia en su función, y si se aparta de sus documentos de trabajo, debería fundamentarlo convenientemente.

2º Por otro lado, parece ser el Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas señala expresamente, en respuesta a consulta que el aumento de jornada no es aplicable en la Administración Local, tal y como se recoge en la Web de CCOO del Ayuntamiento de Alcobendas. No obstante se trataría de una concsulta realizada a través del denominado “buzón del ciudadano”, que no es el documento más idóneo para aportar seguridad jurídica.

3º La Federación Catalana de Municipios sostiene en un informe realizado sobre el impacto del RDL 20/2011 que sólo será aplicable el art.94 LRBRL y por tanto el aumento cuando no se hubiese negociado en la entidad la jornada. Es decir, no es que se considerase derogado por el EBEP, sino que sería desplazado por la puesta en juego de la potestad de autoorganización de cada entidad local.

4º De igual parecer es el de la Dirección General de la Función Pública del Gobierno Central que señala, en lo que se refiere al personal funcionario:

“…se entiende que la previsión del artículo 94 de la LBRL, ha quedado superada por una norma posterior de carácter básico, como es el EBEP, que viene a considerar la jornada y horario como un elemento propio de las potestades de autoorganización de las Administraciones Públicas y que además ha de ser objeto de negociación colectiva. En consecuencia, la previsión del artículo 94 de la LBRL y, por ende, del artículo 4 del Real Decreto-Ley, tendrían efecto, sólo cuando no se hubiera negociado hornada alguna para el personal funcionario…”.

Traducción del castellano al castellano (la del texto catalán la dejo a la habilidad de cada uno): como no se puede aplicar el aumento del horario en las entidades locales sin negociar, y la mayoría tienen recogido en convenio o acuerdo la jornada, el aumento no se aplica. ¿Y si no se tiene? Tampoco se aplica porque ha de negociarse la modificación del que se viene aplicando por acuerdo tácito.

En estas condiciones, entiendo que lo más prudente es respetar lo pactado hasta el momento con los empleados -funcionarios o laborales-. Porque una cosa sí que es clara, lo pactado es fruto del ejercicio del derecho a la negociación colectiva, y no se puede ignorar en base a una entelequia.

En fin, puede parecer un respiro, pero sería conveniente que nos fuéramos despidiendo de cualquier cosa que tenga parecido con algo que se llame “función pública española”. A algunos les alegrará, pero, en cualquier caso, será con todas sus consecuencias. Y no son pocas.


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