Despido exprés (reflexiones sobre la reforma laboral)


  Entre las cuestiones más relevantes de la reforma laboral, operada por el Real Decreto-ley 3/2012,se encuentra la eliminación de pago de los salarios de tramitación en los despidos declarados improcedentes. Sólo se abonarán en los siguientes casos:

  1. Cuando la empresa opte por la readmisión en lugar de por la indemnización,
  2. Cuando el despido sea de un representante legal o sindical, en cuyo caso se abonarán, tanto si éstos optan por la readmisión o por la indemnización.
  3. También se abonarán en los despidos nulos (en los que la readmisión es obligatoria, no señalándose, por ello, indemnización).

    Para la empresa el efecto es absolutamente relevante, pues desaparecerán los denominados «despidos exprés» (aquéllos en los que la empresa reconocía la improcedencia del despido y depositaba la indemnización de 45 días en la cuenta corriente del Juzgado de lo Social para evitar los salarios de trámite). A partir de ahora no tendrían aplicación práctica y por eso desaparece esta figura tan utilizada.

  Esta previsión, y sus efectos, afecta, evidentemente, a la Administración. ¿Le afecta? No debería, porque, en puridad, la Administración ha de ajustarse estrictamente a la Ley. Pero  veamos la situación real en la Administración Local:

  El despido exprés raramente se utilizaba. Hasta el momento era muy común en la Administración local que, cuando se despedía a un trabajador temporal, y el despido se declaraba judicialmente improcedente, se readmitiera sin más, con el pago de salarios de tramitación. Esta práctica ya era sumamente irregular, porque la Administración, a mi juicio, no tenía la facultad de elección del empresario privado. Para la Administración, el efecto solía ser que el trabajador continuaba con el carácter de “indefinido” como figura creada jurisprudencialmente, diferente del fijo de plantilla, y tal efecto se producía al entenderse que el afectado no había ingresado en la Administración con arreglo a la legalidad y, por tanto, no tenía derecho a la fijeza. Fruto de una práctica ilegal, a día de hoy, la Administración local cuenta con un importante número de trabajadores indefinidos per secula seculorum.

   Desde mi punto de vista, la Administración, para despedir, no debería poder proceder discrecionalmente, sino que sólo podría hacerlo previos los correspondientes informes que establecieran con claridad la causa de despido. Por tanto, debería haberse empleado con asiduidad el despido exprés. Y debería haberse utilizado cuando el trabajador afectado no era fijo de plantilla.

   En ese caso,trabajadores temporales, si, en el momento de la finalización del contrato se constataba que se había infringido la legislación laboral, de tal forma que el empleado laboral habría alcanzado la condición de indefinido, entonces, o se incorporaba la plaza como estructural y se procedía, previa OEP al correspondiente proceso selectivo, finalizando así la relación indefinida sin más o, en otro caso, debía despedirse al trabajador mediante la correspondiente indemnización. Todo ello, evidentemente, sustentado en los previos informes que identificasen la ilegalidad cometida y el carácter estructural o no de la plaza.

  En vez de procederse en la forma indicada, normalmente se producían las siguientes situaciones:

  1. Se declaraba finalizada la relación laboral sin más; el trabajador interponía acción judicial por despido -las reclamaciones previas raramente se resolvían expresamente-; la sentencia declaraba improcedente el despido y se readmitía, previo pago de los salarios de tramitación, pasando el trabajador a la condición de indefinido no fijo de plantilla.
  2. De forma más reciente, muchas entidades locales procedieron a simplificar la cuestión: se detectaba la irregularidad y, simple y llanamente, se reconocía a los trabajadores afectados la condición de indefinido, pasando seguidamente a olvidarse la cuestión. Evidentemente, esta forma era más rápida, más barata, y no implicaba tensión alguna.
   Fruto de estas prácticas ha sido la existencia de multitud de indefinidos cuya figura ha sido incorporada al propio EBEP -independientemente de las razones que justificasen su carta de naturaleza estatutaria que, como suele suceder, nada tenía que ver con esto que estamos argumentando.
    Pero aún hay más, en algunos casos, incluso el propio convenio ya se establecía como obligatoria la readmisión e, incluso, la potestad de elección, entre idemnización y readmisión corresponde al trabajador, y no a la empresa (ejemplo).
     Ahora, con la desaparición de los salarios de tramitación, la situación no cambiará, porque independientemente del ahorro que supone la nueva norma, las Administraciones seguirán valorando el coste político-sindical del conflicto.
    ¿ Que debería haber dicho la normativa? Pues muy claro: la Administración, cuando se produzca la situación de trabajador indefinido debe o despedir o convocar la plaza libremente para que se acceda a la misma en las condiciones de igualdad que marca la ley. En ningún caso debe readmitir porque no es legal.
     No alcanzo a comprender qué persigue, en el ámbito de la empresa privada, el establecer que cuando se readmite al trabajador, además de indemnizársele, han de abonarse salarios de tramitación. Sin embrago en la Administración, esta extraña disposición sí tendrá un efecto: no se readmitirá. Se evitará parcialmente, aunque sólo sea por ahorrar, el crecimiento de los indefinidos.
Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: