Las responsabilidades de los gestores públicos: el caso de las “facturas en el cajón”.


   Desde hace un tiempo se viene insistiendo en determinados foros, principalmente empresariales, en la necesidad de castigar penalmente a los gestores que han ocultado las “facturas en los cajones”.  Está, sin duda, su queja justificada, pues el daño que se está infligiendo a las empresas es enorme y, por desgracia, en miles de casos, irremediable. Cuando llegue el bálsamo ya no habrá empresas a las que aplicarlo. En respuesta a esas quejas el gobierno del PP parece dispuesto a actuar con energía e inmediatez en la búsqueda de soluciones que, además, se anuncian para el Consejo de Ministros de hoy. Podrán acertar o no, pero lo cierto es que en este caso “la peor decisión es la que no se toma”.  En este caso, además, la crisis viene de perilla para aplicar la Purga del Benito.

   Es a la espera de noticias del Consejo de Ministros cuando me desayuno con un esclarecedor artículo del Diario La ley titulado: ¿Es posible exigir responsabilidades a los gestores públicos en España?, cuya autora es Pilar Jiménez Rius, letrada del Tribunal de Cuentas. Analiza los diferentes tipos de responsabilidad que pueden aplicarse al caso de las “facturas en los cajones” y dice:

 “….nos atrevemos a afirmar que la gestión de los fondos públicos por una parte de los empleados públicos y del personal directivo responsables de la tramitación de los expedientes contractuales y de gastos no se ha comportado de acuerdo con los deberes y principios anteriormente mencionados. Así, por ejemplo, piénsese en el caso de la ocultación de las facturas en los cajones. No parece posible que dicha actuación haya sido posible si los responsables de dichas facturas y expedientes de gastos desempeñaron con diligencia las tareas que tenían asignadas, velaron por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, actuaron con arreglo a los principios de transparencia objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia y honradez, lealtad y buena fe con la Administración, eficacia, economía y eficiencia, ni administraran los recursos y bienes públicos con austeridad.Quizás, en algunos casos, los empleados públicos que actuaron apartados de los mandatos y principios anteriormente mencionados pudieron hacerlo obedeciendo órdenes e instrucciones de sus órganos superiores…dichos empleados públicos debieron haberlo puesto inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes, ya que dichas actuaciones bien podrían constituir una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.”

      Ha de entenderse, aunque parezca que habla sólo de empleados,  que se refiere a cualquier gestor de fondos públicos o responsable de su control, independientemente de su condición política o funcionarial.

    Tras analizar los diferentes tipos de responsabilidad aplicable (disciplinaria, patrimonial, contable y penal), concluye:

    “Los órganos gestores de fondos públicos y las autoridades deben ser conscientes de que cuando se gasta sin saber si hay crédito o a sabiendas de que no lo hay están cometiendo una ilegalidad y que dicha ilegalidad tiene prevista su sanción (disciplinaria, administrativa, contable y penal) en la normativa vigente actual. Y no basta alegar el hecho de que en aras al principio de la eficacia y las trabas impuestas por el Derecho Administrativo se hayan ejecutado gastos sin haberse cumplido los requisitos legales. El principio de eficacia en las Administraciones Públicas debe ir siempre guiado por el principio de legalidad, pues está en juego el interés público. En este caso, están en juego también los fondos públicos.

En nuestro ordenamiento jurídico hay, pues, suficientes instrumentos jurídicos para castigar la gestión deficiente de los fondos públicos. Por tanto, y siempre con absoluto respeto al principio de tipicidad y legalidad penal, ¿tan cierto es como pretenden algunos que no se pueda castigar la actuación de algunos gestores públicos que han ocultado facturas o gestionado deficientemente el gasto público como prevaricación?

La idea de tipificar como delito el hecho de ejecutar un gasto sin crédito presupuestario no va a evitar que se sigan reproduciendo situaciones como las que estamos viendo en la actualidad. Ello porque,en mi opinión, el principal obstáculo que encontramos para reprimir y castigar estas conductas en el sector público español no es la falta de normativa o de tipificación penal, sino que en la práctica no se persiguen las actuaciones supuestamente constitutivas de infracción disciplinaria, administrativa, contable y/o penal. Ello ha provocado una sensación de inmunidad e impunidad en los gestores y autoridades que manejan fondos públicos que ha invadido las haciendas de nuestras Administraciones Públicas españolas llevándolas a un estado de quiebra técnica que ha contagiado al resto de la economía nacional.

No obstante, y dado el elevado grado de incumplimiento en esta materia y en aras al principio de seguridad jurídica penal, quizá sería conveniente la tipificación penal concreta del delito de gasto ejecutado sin crédito presupuestario.”

No puedo menos que estar absolutamente de acuerdo con lo que dice, PERO….

Cierto que hay herramientas suficientes para acabar con estos desmanes, PERO….

Efectivamente, los funcionarios que estaban obligados a fiscalizar no debieron ser muy exigentes, PERO

PERO la cuestión es por qué no lo hicieron.

Pues no lo hicieron por diversos motivos:

  1.  Por cautela, prudencia o miedo… Y podría sostenerse que al servicio público se va “cagao, meao y llorao de casa”, pero no es menos cierto que, como dicen en mi tierra, “aquí como en Quirós, cuando cuatro juegan pierden dos”, o lo que es lo mismo: que la gente “escarmienta en cabeza ajena”. Un funcionario puede ser inmaculado, servidor fiel de la “res publica”, pero cuando ha visto lo que ha visto, y ha experimentado lo que ha experimentado, quién le va a explicar cuál es el coste de “actuar correctamente”.
  2. Por ambición..Desengañémonos, nadie progresa por sus buenas acciones, por su entereza ética o por su firmeza de carácter. Por tanto si quieres progresar olvídate de esas vainas.
  3. Porque a buen entendedor… Si debes velar y fiscalizar los fondos públicos, cómo es que te nombran por libre designación, o si quien ha de fiscalizar debe ser objetivo y neutral, cómo es que…los síndicos de las Sindicaturas de Cuentas son, en muchos casos,  políticos profesionales… Igual esto quiere decir algo.

Bien es cierto que muchos podrían decir “yo no he sido, que pague quien deba pagar”. Cierto lo segundo, y puede que también lo primero, pero ¿podríamos afirmar que en cualquier situación seríamos capaces de mantener esa entereza pasada?

   Para nada valen leyes. Es cierto que los controles y castigos han brillado por su ausencia. pero la razón de “las facturas en los cajones” no es ésa; y si no conocemos la verdadera razón mal vamos a encontrar la solución.

  A mi juicio, la razón es que realmente no se ha querido controlar y actuar. No han querido los responsable políticos y, por ende, los técnicos. Por tanto, sólo se trata de querer. Aquí, más que nunca, querer es poder. No hacen falta discursos, ni máximas. Sencillo:

  1. Los órganos de fiscalización son estrictamente técnicos y se llega a ellos por mérito, incluso en las instancias más altas; lo que no quiere decir que, en las altas, no exista un margen de decisión política, limitado. Ha de situarse en esas instancias a personas íntegras (definición de persona íntegra: la que tiene en alta estima su dignidad).
  2. No existe libre designación ni libre cese, salvo excepciones.
  3. Se actúa con decisión mediante funcionarios suficientemente protegidos.
  4. A los encargados de velar por los fondos públicos se les exige una integridad franciscana.

En la práctica y para la Administración local:

  1. Secretarios e Interventores municipales son de exclusiva competencia del Estado. Vuelta a la situación previa a la descentralización autonómica.
  2. Se acaba con la libre designación. A los puestos de mayor responsabilidad van los mejores.
  3. Se instaura de nuevo la inspección para estos funcionarios. No para los ayuntamientos, sino para estos funcionarios.

Traje negro, corbata negra y gafas negras.

Anuncios

3 comentarios to “Las responsabilidades de los gestores públicos: el caso de las “facturas en el cajón”.”

  1. Aún más alla

    Secretarios, Interventores y Tesoreros: sus retribuciones no deben depender de la Administración Local de turno, sino que sus nominas se abonan directamente por el Estado,¿como voy a fiscalizar al que me paga?

  2. Aún más:
    Las retribuciones, las de los habilitados, deberían ser fijadas a nivel estatal en funcion de presupuesto y número de habitantes, con prohibición radical de percepción de emolumento alguno, por ningún concepto, de la entidad en la que sirves.

  3. Pues estas responsabilidades deberian de ser mas altas, porque parece que la gente no se preocupa por ellos.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: