Análisis de urgencia del Real Decreto-ley 4/2012: ¡realmente hay alguien ahí!


   En el  BOE del día 25 de febrero de 2012 se publica el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales o lo que es lo mismo: ¡por fin!, ahora realmente sabemos que ¡hay alguien ahí!.

 Obviando los comentarios “políticos” de la “prensa política”, lo primero: enhorabuena. Enhorabuena, independientemente del color político del Gobierno, porque la medida será más o menos efectiva, generara problemas, seguro, pero, desde luego, es valiente y no está hecha con los pies.

     Se trata, en contra de lo que inicialmente pudiera parecer al lector desavisado, de una norma ambiciosa y de enorme calado. Su objetivo es conseguir que la Administración Localpague a sus proveedores con el fin de allegar un balón de oxígeno a estas empresas. Para ello articula un sistema que, en realidad, supone la imposición de modelo de saneamiento financiero tutelado y obligatorio para el sector público local, entendido en sentido amplio.

   Independientemente del alto interés de todos sus contenidos, lo realmente trascendente, importa ya señalarlo desde el principio, es que estamos ante un sistema de saneamiento integral y ordenado de las entidades locales endeudadas, que son la gran mayoría.

   El mecanismo se articula en torno al reconocimiento contable de parte de las deudas de cada entidad y a la aprobación tutelada de un plan de ajuste de cada entidad que, con la aprobación  de la Administración del Estado –eufemismos aparte-. Con ello se pretende conseguir el completo pago a proveedores de obras, servicios y suministros, en el año 2012; y a pesar de ello, alcanzar el equilibrio presupuestario de forma rápida, sino inmediata. Con ese fin se articula una suerte de confirmig, a través de las entidades financieras, para el pago a los proveedores, lo que, a su vez supondrá la generación de una operación de activo, un crédito a largo plazo, para la entidades deudoras,  avalándose el mismo con las futuras participaciones de los entes locales en los tributos del Estado. Es decir, no se trata de una aval del Estado, como ha sostenido la prensa, lo que avala las operaciones son los derechos futuros de las propias entidades deudoras que el Estado se compromete a retener en caso de incumplimiento.

   A estos efectos, ha de tenerse en cuenta que, en el 2011, dicha participación fue de aproximadamente catorce mil quinientos millones de euros, y  que  la estimación de la deuda viva a favor de los contratista de obras, servicios y suministros, aunque de muy difícil cálculo, pudiera situarse en torno a treinta mil millones de euros.

   Actuando así el Estado no compromete gasto alguno y arriesga en cuanto a disciplina y control del funcionamiento del sistema, lo que no es poco.

En cualquier caso, estamos ante una norma de excepción, pues la misma incorpora importantes excepciones a las más importantes normas de régimen local. Ante un momento que, ojalá, sea único hasta la próxima crisis, y por ello, es de especial trascendencia empezar a debatir, cuanto antes, sobre su contenido.

  •  En realidad el sistema tiene carácter obligatorio para todas las entidades locales, en lo que se refiere a la salida a la luz de todas las deudas relativas a contratos de obras servicios y suministros,  a la necesidad de realizar un plan de ajuste y en fin a la necesidad de suscribir una operación de endeudamiento a largo plazo.

 Y los efectos serán evidentes:

    • Saldrán a la luz las facturas de los famosos cajones y ahora sabremos quien las metía.
    • Se conocerá una parte importante del estado financiero real de nuestro ayuntamientos y demás entes locales.
    • Llegó la hora de pagar, y, ¿cómo no?, pagarán los vecinos. Lo que pasa es que cada uno pagará la gestión de sus propios alcaldes, a los que cada uno votó, o al menos lo hicieron la mayoría de sus convecinos. Bienvenida la corresponsabilidad electoral. A apechugar, y sino, para otra, mira bien en quien depositas tu confianza y tu dinero.
  •    EL RDL implica, en la práctica, una intervención de tutela económica obligatoria de los entes locales por parte del Estado: dado que estamos ante un endeudamiento de gran volúmen, que, en último término, garantiza el Estado, la vigilancia de su cumplimiento y el aseguramiento de que las entidades locales cumplirán con las entidades de crédito, se presenta como fundamental. No obstante se evitan medidas de intervención más duras como el gobierno tecnocrático hasta que se salve la situación en las entidades más comprometidas. pero todo se andará porque existen muchos ayuntamientos con situaciones de muerte cerebral.
  • No existe una garantía financiera por parte del Estado, dado que la garantía son los derechos futuros de las entidades locales en lo que se refiere a su participación en los tributos del Estado. Lo que este último garantiza es el real destino de esos fondos al pago de los créditos.
  • También supone la puesta en marcha, de forma obligatoria, de un plan de saneamiento que tendrá mayor o menor alcance en función de la magnitud del desfase entre ingreso corriente y gasto corriente, incluida la amortización de operaciones financieras.  Todas las entidades locales que tengan obligaciones pendientes, de las incluidas en el ámbito de la norma, tendrán que presentar un Plan de Ajuste; y ese plan afectará a todas las áreas de actuación que se refieran al gasto e ingreso corriente. El alcance podrá ser de menor o mayor relevancia, pero con posibilidades de alcanzar a todas y cada una de las áreas de gasto e ingreso corrientes. En plata: en los casos más graves habrá reestructuración, planes de empleo, EREs y despidos.
  • Estamos ante un régimen excepcional, pues para alcanzar los objetivos de la norma, se excepcionan multitud de preceptos cuya función era sostener el equilibrio presupuestario, de tal manera que estamos realmente ante una “ventana normativa” que ofrece a los entes locales, instrumentos excepcionales y privilegiados, que no existen fuera de su ámbito.
  • Es una norma de carácter eminentemente  técnico que limita, en el mayor grado posible, la actuación discrecional de los entes locales, intentando sujetar a criterios reglados su aplicación, y, por ello, se otorga una responsabilidad protagonistas a los Interventores de los entes locales, centrando la intervención política en el órgano plenario. Da la impresión que, tras la norma late una intención de llegar hasta un límite de excepción, hasta donde se encontraba la línea roja de la autonomía local y la virtualidad de la facultades de los representantes políticos.
  • Es una ley con un talante radical, dado que los entes locales se ven abocados, en la práctica, sí o sí, a utilizar el sistema y actuar conforme a sus normas, independientemente, claro está, de aquellos que no tengan problemas financieros, que serán los menos. Aquí también parece talmente que no se ha querido establecer expresamente lo que en realidad late en la norma, que esto es lo que hay, que existe, de facto, obligatoriedad.
  • Se articulan mecanismos de tinte iusprivatista, existiendo, en concreto claras huellas de del derecho mercantil, crediticio y societario, ya que el sistema que se articula se encuentra muy próximo a la forma contractual del confirming, de tal modo que se combinan distintos contratos financieros para que las entidades de crédito satisfagan las deudas de los proveedores con las entidades locales. Por ello, los conflictos o dudas que se planteen podrán tener una referencia última en el régimen jurídico de este tipo de operaciones.
  Ahora bien, el aspecto más problemático de la cuestión es que no se han tenido en cuentas dos principios fundamentales: el de continuidad del servicio público y el igual tratamiento de los acreedores. No son dos temas accesorios, pues, al igual que sucede en el tratamiento de las crisis empresariales, el objetivo principal debería ser el mantenimiento con vida del deudor, sobre todo cuando este es el que presta servicios públicos esenciales. En esa línea, deberían haberse incluido otro tipo de contratos, como los de gestión de servicios públicos, debería haberse afinado más la solución y, además debería rechazarse, como criterio de prelación, el del montante de las quitas. Parece ser que el viernes habrá más novedades, esperemos que vayan en la línea que se indica. en otro caso, mucho me temo que cientos de ayuntamientos no podrán pagar a nadie en el segundo semestre del año.

   En conclusión estamos ante una norma necesaria, pero con defectos  importantes que aún pueden y deben ser corregidos de forma inmediata.

       Ayer leí que un proverbio que un proverbio ruso dice que si vas demasiado deprisa alcanzas a la desgracia, y si vas demasiado lento, la desgracia te alcanza a ti. Por cierto, no dice nada de qué hacer cuando la desgracia ya te ha alcanzado.

Anuncios

7 comentarios to “Análisis de urgencia del Real Decreto-ley 4/2012: ¡realmente hay alguien ahí!”

  1. Gracias Fernando por el articulo. Todo sistema que genere control y auditoria es recomendable. Habrá que ver los inconvenientes que se presenten al ejecutarlo. Un abrazo

  2. Muy bueno el analisis que nos has dejado por aqui, asi que espero que pronto nos pongais mas analisis de este tipo.

  3. Después de la lectura del Real Decreto me queda un sabor agridulce y en parte comparto contigo que hay una buena intención aunque no creo que al final sea tan útil como nos quieren hacer creer. Mi opinión más extensa artículo a artículo la tengo desarrollada en este post de mi blog:

    http://lanetatrebakuntza.blogspot.com/2012/03/los-cajones-de-sastre-del-alcalde.html

    Un abrazo.

    • No he podido hacer un comentario en tu blog. Es muy complicado. Mi comentario ses:
      Creeme amigo josé félix: sin perjuicio del “telón de fondo” la medida es atrevida y está bien concebida (sin perjuicio de la concreción de los detalles). No en vano es apoyada por empresarios y entidades locales. No es de recibo que las empresas cierren porque unos señores decidan gastar sabiendo que no van a pagar. Si en una pequeña empresa privada pasa esto los responsables van a la cárcel. La medida es indudablemente positiva. El problema es que han tenido que venir “los de la libre empresa” para tomar cartas en el asunto. El problema del gobierno Zapatero no es que dijeran ser de izquierdas, el problema es que no lo eran y además eran una manada de analfabetos. Saludos.

  4. La verdad, aún no he visto ni un empresario en la carcel por no pagar sus deudas, la mayoria estan con sus M¡BMW por ahí, de casa de colores en casa de colores. Este real decreto está redactado con una clara intención de salvar de la quiebra a Madrid, como siempre. De hecho es el unico Ayuntamiento que ya estaba preparado para responder a las exigencia de este decretillo: es una norma expresamente para Madrid. Nuevamente los andaluces tenemos que pagarle a los incultos madrileños su incapcidad y sus lujos.

  5. El comentario de Manuel Hernández merece una contestación in extenso. Por eso le he dedicado esta otra entrada: https://errepete.wordpress.com/2012/03/07/la-responsabilidad-de-los-administradores-publicos-la-version-de-ambrose-bierce/

  6. Apreciados comentadores, no tengo experiencia en este tipo de blogs, pero hoy he encontrado este y la verdad es que me he dicho… porque no escribes alguna cosa, y aqui estoy.
    Por cuestiones profesionales conozco un poco el sector público local, y me permito decir que para hablar de este tipo de temas hay d¡que dejar en la entrada: colores políticos, cuestiones regionales o autonómicas, y sobretodo ser respetuosos con las personas.
    El Real Decreto Ley al que hace referencia Fernando es realmente en su objetivo: loable, en su forma: en construcción, y en su resolución: un misterio.
    Es un Decreto que está cortando como algunos políticos apuntan la “autonomía local”, pero como ciudadano de calle no hacemos los mismo en casa o a nivel familiar o profesional cuando alguien en quien confiabas no ha respondido de la forma esperada ???, pues exactamente es lo que ha pasado con muchos Ayuntamientos, y además poniendo en peligro la supervivencia de miles de empresas por impago de sus facturas.
    Algo había que hacer, y además ya ¡¡¡, no es fácil, de hecho es muy complejo porque esa norma afecta a más de una y de dos leyer vigentes que veremos como se lo arreglan para que sea legalmente posible, y además falta dos pequeños detalles “sin importancia”: encontrarán respuesta de todo el sector financiero (o de lo que queda ???) y cómo se llevará a cabo el proceso de pago a los proveedores ???.
    Este Real Decreto Ley, tiene el nombre equivocado porque de hecho es un Concurso de acreeedores públicos porque si nos fijamos incluye: deuda vencida y exigible, condonación de intereses y quita de principal, lo único que no es igual es que siguen mandando los mismos sin ninguna intervención superior.
    Yo, sin tener en cuenta colores políticos nik otras consideraciones regionales o de sensibilidades territoriales, creo que se ha de felicitar al Gobierno actual por la decisión de llevar a cabo esta acción (a pesar que ya veremos como acaba).

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: