Dudas RDL 4/2012, preguntas y respuestas (deudas prescritas)


Contestación del Ministerio:

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

    Primera. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, artículo 25, prescribirán a los cuatro años:

  • El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública estatal de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación o desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.
  • El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación, del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación.

   Segunda. Según el apartado 2 del citado artículo . la prescripción se interrumpirá conforme a las disposiciones del Código Civil. Como vemos, existe una explícita remisión a la regulación del Derecho Civil. En este sentido, hay que recordar que, de acuerdo con éste, la prescripción tiene lugar por el mero lapso del tiempo fijado por la Ley (artículo 1961 Código Civil). Por ello, entendemos que pese a que la baja en contabilidad de obligaciones prescritas debe ser objeto de un expediente, el acuerdo relativo a la prescripción tendrá carácter meramente declarativo, pero no constitutivo, puesto que la prescripción opera por Ley.

   Tercera. Según leemos en la exposición de motivos del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, «como quiera que el buen funcionamiento del mecanismo requiere de una información financiera fiable se establecen obligaciones de información a cargo de las entidades locales y el procedimiento para su cumplimiento, que se inician mediante un instrumento de remisión de información, certificada por parte de las entidades locales al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que permitirá identificar el volumen real de deuda con sus proveedores. A partir de ese momento, las entidades locales podrán bien satisfacer sus deudas o bien acudir a una operación financiera». Esto es: se pretende conocer el volumen real de obligaciones pendientes de pago. Una obligación prescrita no va a ser pagada en ningún caso.

   CONCLUSIÓN

   Si bien es recomendable que se procure que la contabilidad sea reflejo fiel de la situación económica y Jurídica del Ayuntamiento y que, por ello, de haber deudas prescritas, éstas sean dadas de baja en contabilidad previa tramitación del oportuno expediente, entendemos que, pese a no haberse tramitado el mismo, las obligaciones que estén prescritas no tendrían por qué incluirse en el certificado, pues ello desvirtuaría la información que se pretende conseguir.

   Todo ello sin prejuicio de mejor criterio y de instrucciones que en los próximos días puedan aprobarse.

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