Real Decreto-Ley 7/2012 amartillando el sistema de pago a proveedores.-


    Este comentario es un adelanto ligero del artículo que presumiblemente se publique el jueves 15 en el Diario La Ley Digital el artículo y en el que hemos realizado un análisis en profundidad. Intentaré ponerlo en este blog.

   El mecanismo de pago a proveedores de la Administración –en principio entidades locales- establecido mediante el RDL 4/2012 ha concitado un elogio unánime en lo que se refiere a su oportunidad y concepción. Se trata, sin lugar a dudas, de un proyecto brillante que mediante la conversión de deuda comercial en deuda financiera, consigue, en un solo movimiento, inyectar 35.000 millones de euros en la economía real -3% del PIB- y dar comienzo a un importante proceso de saneamiento económico de las Administraciones Públicas.

Para valorar en su justa medida el propósito del Gobierno, se hace preciso puntualizar que no nos encontramos ante un refuerzo incondicional de la liquidez del sector financiero, sino que la aplicación de la norma se traduce en pagos directos a las empresas, con la consecuente financiación de las mismas que hasta ahora no se conseguía a pesar de las importantísimas cantidades de dinero “barato” que el BCL ha inyectado en el sector financiero privado en los últimos meses.

    Baste comparar esta medida con el tan justamente denostado PLAN E y REMEDOS AUTONÓMICOS.

  En cualquier caso -el diablo está en los detalles-, el aspecto más débil del proyecto se encuentra en la concreción última de las “bielas” del mecanismo. De ahí que el Gobierno se haya visto obligado, sobre la marcha, a “amartillar” la norma inicial con otra nueva, de rango legal, con el fin de incorporar las correcciones que no podían haberse realizado mediante norma de rango reglamentario. Tal es el fin del Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.

    La norma aborda dos cuestiones principales:

– La creación de un Fondo con personalidad jurídica para aglutinar el ingente conjunto de operaciones de pago y crédito con miles de entidades y proveedores. Se trata de una medida de racionalidad básica.

– La corrección/concreción de determinados extremos del RDL 4/2012:

– Inclusión de las obligaciones dimanantes de concesiones de gestión de servicios públicos, además de los inicialmente previstos de obras, servicios y suministros, lo que en realidad podría no tener excesiva virtualidad, dado que los concesionarios se retribuyen mediante tarifas de los usuarios, sin que las posibles subvenciones por las EELL a los servicios deficitarios queden comprendidas en el ámbito material del mecanismo.

– Corrección del papel del Interventor que ahora sólo informará el Plan de Ajuste que elaborará la Corporación y aprobará el Pleno.

– Exclusión del ámbito subjetivo de loas EELL vascas, y resto de entidades que. al igual que aquellas, no participen en los tributos del Estado (Mancomunidades, Consorcios, entidades locales menores…), dejando en una cierta indefinición la inclusión o no del sector público instrumental local.

    Además se incide en el tema de los controles y seguimiento de los planes de ajuste que se articula mediante informes de seguimiento de los Interventores, contemplando la intervención fiscalizadora de la Intervención General de la Administración del Estado, bien directamente o en colaboración con otros órganos fiscalizadores de carácter público, o bien, a través de empresas privadas de auditoría.

   Es este último aspecto especialmente criticable dado que en las EELL hay unos miles de funcionarios, habilitados y conocedores de la situación a pie de obra cuya labor no supondría mayor gasto, evitaría incursiones en la autonomía local, y sobretodo haría injustificable la intervención, miedo me da, de las empresas privadas de auditoría, con cargo al Fondo.

    En definitiva, seguimos teniendo una muy buena opinión del sistema y de la idea que lo fundamenta, pero, y a pesar de las premuras, sería preciso atinar más en los detalles. Lo caballero no quita lo valiente. Detalles como, por ejemplo, el hecho de que de haber atrasado el  plazo para presentar el Plan de Ajuste 10 días, hubiera supuesto que la mayor parte de los Ayuntamientos lo pudieran estructurar sobre la liquidación presupuestaria del 2011 cerrada, son pequeños detalles, pero ciertamente importantes.

    No quiero concluir este comentario sin resaltar que, como decíamos en el anterior comentario publicado en la edición digital el diariolaley.es del 1 de marzo pasado -“Comentario urgente al Real Decreto-Ley 4/2012 y su incidencia sobre las Corporaciones Locales-, el objetivo principal del sistema es conseguir de forma urgente el pago de las deudas públicas locales, asumiendo la posible generación de situaciones complejas en lo que se refiere a la supervivencia de determinadas entidades locales. Es este un escenario próximo en el que un buen número de EELL no cuenten con capacidad para asumir su incorporación al sistema, y que por ello resulten definitivamente inviables desde un punto de vista económico-financiero. En muchos casos ocurrirá que estemos ante pequeñas entidades que puedan agruparse con otras, pero en otros nos encontraremos con entidades importantes. Si no se quiere reaccionar a pie forzado es preciso que de forma inmediata se aborde normativamente la situación de insolvencia de las EELL, estamos a tiempo, pero en breve ya será tarde.

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