Productividad y chocolate espeso


  Ya he dedicado en este blog diversas entradas al tema de la retribución por rendimiento en el empleo público español. me hace volver sobre este tema una información reciente de nuestro inefable diario económico Expansión en la que se señala literalmente:

El Gobierno ligará a principios de productividad y rendimiento la parte variable, que supone entre el 15% y el 20% de los sueldos de unos tres millones de funcionarios y empleados públicos.

Quienes cumplan los objetivos que se hayan fijado seguirán cobrando lo mismo, aunque no se descartan aumentos en casos concretos y se descontará parte de la nómina a quienes no lo hagan.

Se abre así el proceso de preparación del Decreto que desarrollará el Reglamento de la Ley del Estatuto del Funcionario Público, que ya recogía la evaluación por desempeño y que sacó adelante el exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en 2007, pero cuya aplicación está paralizada desde entonces.

A juicio del medio, esta iniciativa se debe a una demanda de la CEOE y del Instituto de la Empresa Familiar (IEF). No obstante  anteriormente tal demanda parecía presentarse con algún matiz diferencial relevante respecto a lo que ahora se dice (ver noticia), dado que entonces se señalaba que:

Andic -presidente del IEF- abogó ayer porque los nuevos empleados públicos cuenten con una estabilidad en los puestos de trabajo similar a la empresa privada. Respecto a esta segunda propuesta, Lacasa se ha limitado ha señalar que Andic “ha salvado perfectamente los derechos adquiridos” y “está hablando de nuevos sistemas de contratación dentro de la función pública”.

El matiz, claro está, no es precisamente baladí: se comienza reflexionando sobre una retribución que respete los derechos adquiridos que no son otros que los que representa la retribución actual, concrtamente por complemento específico o similar, y se vira imperceptiblemente hacia la conversión de la propuesta en una nueva rebaja salarial de los empleados públicos convirtiendo retribuciones fijas en variables.

No creo que a día de hoy nadie se oponga a que una parte de la retribución de los empleados públicos se ligue a la productividad -otra cosa es si en función del desempeño, el rendimiento o mediante fórmulas mixtas-, pero lo que ahora parece estar sobre el tapete es un nuevo ajuste salarial que a mi juicio no es posible o mejor dicho, no parecía posible antes de la actual crisis.

Hasta el momento no se han levantado voces autorizadas sobre la deriva de los ajuste de las condiciones de los empleados públicos, de tal manera que se han aceptado como válidas las reducciones y congelaciones salariales, los incremento de jornada manteniendo la retribución, las disminuciones de jornada con paralela reducción de retribuciones… Pero, y la cuestión ya resulta de imperiosa actualidad, ¿hasta qué punto son legalmente admisibles los recortes? Hasta la actual situación, la posición de los empleados públicos laborales y funcionariales eran conceptualmente diferentes, dado que mientras estos últimos se encontraban en una posición estatutaria, jurídicamente menos resistente en materia de derechos económicos y de condiciones laborales, los primeros se sometían al derecho laboral. Sin embargo, tras la reforma laboral y las medidas excepcionales justificadas por la crisis parece que las dos posiciones se han homogeneizado considerablemente y tanto da uno que lo otro.

Lo que teóricamente no ha cambiado es la inamovilidad del funcionario que no puede ser despedido, y esto a pesar de las demandas de las patronales empresariales de abolir tal principio ignorando las cuestiones más básicas de nuestra tradición jurídica. Cuestión esta que, no obstante, puede ser seriamente debilitada mediante el vaciamiento de los derechos que la relación funcionarial supones. Porque ¿existe un derecho a la inamovilidad si las condiciones económicas y de trabajo son paupérrimas? La historia se olvida rápido, de tal forma que se ignora a qué puntos conduce este tipo de derivas, como sucedía en épocas predemocráticas con funcionarios con salarios miserables que, por tanto, utilizaban la función pública como mero complemento a actividades varias, muchas de ellas asentadas sobre las potestades públicas que el empleo confería. Aunque parezcan situaciones inconcebibles, no debemos olvidar que hasta no hace mucho tiempo no era inusual que los funcionarios retribuyesen con parte de su sueldo a terceros que trabajaban por ellos en la Administración.

En todo caso, la propuesta que ahora se plantea, a mi juicio, no puede instrumentarse como un desarrollo del EBEP. Esta norma configura como un derecho la carrera profesional en el art.14. Derecho a:

la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación.

Y no parece fácilmente argumentable que lo que se configura como un derecho se transforme en un ajuste.

Este derecho ya previsto en el 2007, ha dormido en el sueño de los justos durante 5 años, y esta siesta burocrática se fundamenta, a partes iguales en la incapacidad de Estado y Comunidades Autónomas y en el temor al  previsible aumento de costes salariales que podría suponer su aplicación. Hay excepciones, pero en muchas de ellas, la puesta en marcha de este sistema se ha realizado precisamente en contra de sus fundamentos constituyendo meras liberalidades, incluso ligadas a la captación de votos en procesos electorales.

Como todos sabemos, la entrada exigibilidad de estos derechos se condicionaba a que se dictasen las normas legislativas autonómicas o estatales de aplicación del EBEP (Disposición Final 4ª). A día de hoy, en varias CCAA ya se han aprobado las leyes correspondientes (Asturias, País Vasco, Castilla-La Mancha, Valencia…) y por tanto el derecho a la carrera y a la evaluación es exigible. Pero resulta que no sólo es que sea exigible, sino que es un camino ineludible para lograra la tan necesaria eficiencia de las Administraciones Pública.

Entonces, si todos el mundo está de acuerdo -consenso entre políticos, empleados públicos y empresarios-, ¿por qué tiene que venir la CEOE a realizar una propuesta tan novedosa? Por la sencilla razón de que, como se dice en Asturias, “no ven sebe”, es decir, todo vale para un último fin que no es otros que acabar con el servicio público, socavarlo y alcanzar una total desregulación que al fin y a la postre dejará en pie un país tercermundista.

La carrera y la evaluación es un derecho y, a día de hoy, los Juzgados deberían estar atascados de reclamaciones de empleados públicos exigiendo su aplicación. ¿Por qué no es así? La única razón que se me ocurre es el miedo, a la crisis, a los mercados… Yo desde aquí animo a ello. Son pleitos de éxito seguro. No debe permitirse esta interesada tergiversación.

Empiezo a pensar seriamente que hemos llegado al punto en que toca pelear.

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