Cese de interinos y amortizaciones ficticias de puestos de trabajo.


  Empieza a arder el bosque de los Juzgados y Tribunales en medio del ajuste de plantillas de la Administración con motivo de la crisis. Es sólo el principio, porque los ceses y despidos se van a producir con una intensidad desconocida hasta la fecha y al amparo de una normativa que plantea nuevas e importantes posibilidades de actuación en lo que a reestructuración del empleo público se refiere.

Y, como era evidente, los recortes van a afectar, en primer término, a las relaciones más débiles (personal laboral temporal e indefinido y funcionarios interinos). Para ello -era evidente también- las AAPP van a utilizar en primer término los procedimientos más sencillos y económicos; recurriendo en lo posible a ceses de personal temporal con evitación de despidos (ya hemos comentado aquí estos supuestos)

Quizá el proceso más simple es el que se basa en la amortización de los puestos de trabajo que ocupe el personal temporal o indefinido, con  modificación de las RPT y plantillas, seguido de la comunicación de cese. Hasta el momento, tal proceder se entendía plenamente amparado en la legalidad, pero resulta que el Tribunal Supremo en SSTS de 27 y 28 de febrero de 2012, dictadas en unificación de doctrina, ha establecido, a la hora de valorar este tipo de actuaciones, la necesidad de distinguir entre “verdaderas amortizaciones” y “amortizaciones ficticias” que serían constitutivas de fraude de ley con calificación de los ceses como despidos improcedentes.

Los asuntos resueltos se referían al cese socorristas fijos-discontinuos del Instituto Madrileño del Deporte (IMDER) que habían sido contratados interinamente para cobertura de vacante vinculados a la OEP. Pues bien, dichos socorristas fueron cesados previa amortización de los puestos que ocupaban con la consiguiente modificación de RPT y plantilla. Los afectados demandan solicitando que su cese ese estime como despido improcedente y tras las correspondiente decisiones judiciales de instancia, llegan, en la vía social, hasta el TS que, en unificación de doctrina, señala que la actuación de la Administración fue fraudulenta, dado que, paralelamente al cese de los trabajadores, externalizó el servicio de socorrismo en piscinas a una empresa privada, amparandose el ces en una amortización ficticia. Razona la Sala:

La real existencia de la amortización es jurídicamente cuestionable si en este caso lo que se ha efectuado realmente por la Administración pública es un mero cambio en la forma de provisión o gestión de unas plazas, como las de socorrista, cuya existencia y desempeño es necesario para el Organismo correspondiente, el que mantiene la gestión de las piscinas públicas y al que le es exigible el mantenimiento de la “prestación de la actividad de socorrismo previsto por la legislación vigente” para la utilización pública de aquellas, si resuelta, como ahora acontece, que en vez de gestionar la propia Administración el servicio de socorrismo convoca un concurso público para que tal actividad sea prestada por una empresa privada, a la que adjudica el servicio coincidiendo con la notificación de la extinción contractual de los demandantes.

En el presente caso, resulta que: a) la necesidad sigue persistiendo y no hay innecesariedad en la existencia y el desempeño de la plaza, pues es esencial para la posible utilización de las piscinas que gestiona directamente la Administración pública empleadora la realización del servicio de socorristas, aunque en definitiva no quiera actuar como empresario ni abonar directamente las retribuciones de los socorristas para que, en  definitiva, se desempeñe el servicio a través de una empresa privada adjudicataria y haya utilizado con tal fin un proceso de amortización de plazas; b) no se justifica la necesariedad y finalidad de la denominada amortización de las plazas…pues si bien la Administración puede privatizar su actividad y adjudicar a una empresa, en este caso a la codemandada … S.A., la actividad de socorrismo, lo que no puede es ignorar el derecho de los empleados que con anterioridad a la adjudicación prestaban servicios para la misma y equiparar a una amortización de las plazas, el desplazamiento de la actividad a una empresa que va a continuar con la misma …”. 

En definitiva, el cese de los demandantes no se ajustó a derecho y se efectuó en fraude de ley por lo que “no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir” (art. 6.4 Código Civil) al no haberse producido la amortización en la que se pretendía justificar aquél cese, motivándose la extinción contractual en una amortización ficticia y no siendo comunicada su causa real a los demandantes, cuando lo acontecido en la realidad consistió en convocar concurso para cubrir externamente las mismas plazas que se indicaban amortizadas adjudicando el servicio a una empresa privada.

Estas sentencias dicen no excepcionar la doctrina que ampara el cese de empleados públicos temporales por amortización de los puestos y plazas que ocupaban, sino que añade que debe analizarse si la amortización es real por resultar los trabajadores innecesarios o ficticia, calificando como tal a la que se produce con ocasión de la externalización del servicio.

Ciertamente, esta línea doctrinal parte, a nuestro juicio, de una severa limitación a las facultades de autoorganización de las AAPP que pueden decidir gestionar los servicios de forma directa o indirecta, a través de empresas privadas mediante el correspondiente proceso de contratación pública. Y, es más, ponen en solfa toda la reciente flexibilización de la Administración basada en causas objetivas. La crítica a las Sentencias comentadas es certeramente incorporada a los dos votos particulares que suscriben seis magistrados de la Sala:

Se discrepa, también, del argumento relativo a que amortizar es suprimir por considerarlos innecesarios,  empleos o plazas vacantes. Este argumento, acorde al Diccionario, es inadecuado porque amortizar es un término que en términos jurídicos significa suprimir plazas o empleos por las más diversas razones, siempre que sean legales, siendo de destacar que en términos laborales hace referencia, sobre todo, a suprimir plazas o empleos por el sistema de no cubrir las vacantes existentes. Ninguna norma dice que sólo se puedan suprimir las plazas “innecesarias”, pero, además, el término necesario admite diversas interpretaciones, las razones de la innecesariedad pueden ser variadas y justificadas en nuestro derecho: por ejemplo la implantación de un nuevo sistema de producción, una nueva organización del trabajo o de nueva maquinaria puede hacer innecesarios todos o algunos de los puestos de trabajo afectos a ese proceso, puestos que serán amortizados, aunque subsista la necesidad de la empresa de gestionar el proceso productivo. Cuestión distinta será la referida a las indemnizaciones a pagar por la rescisión de los contratos, pero la misma escapa al objeto de este proceso donde se dilucida si la amortización operada es real o ficticia…

Con ello se niega a la Administración la posibilidad de prestar los servicios asumidos de forma indirecta, de externalizarlos cual permiten las leyes, sin dar razón que explique esa prohibición que la mayoría crea “ex novo” olvidando que una cosa es la posibilidad de amortización y otra distinta las consecuencias que la misma comporta para el personal que cubre la plaza vacante amortizada…

Y el voto particular concluye:

La discrepancia con el criterio mayoritario radica, cual se desprende de lo hasta aquí dicho, en los siguientes puntos. 

1. La amortización de las vacantes cubiertas por los interinos fue correcta porque la acordó la Consejería competente, dentro del ámbito de sus competencias y por el procedimiento adecuado con base en una ley presupuestaria que le daba cobertura al efecto.
2. La mayoría va más allá de sus competencias prejudiciales y entra a examinar si la amortización fue  correcta, si la autorizaba la ley, y concluye que no, que fueron ficticias la amortización y la nueva R. P.T.. Con ello asume competencias que no le son propias y que corresponden a la jurisdicción contencioso-administrativa con lo que viola el derecho constitucional al Juez natural (art. 24 Constitución).
El argumento de que no cabe amortizar vacantes cuando se sigue gestionando el  servicio es inadecuado e incompleto. Cabe la amortización para externalizar como regla, cuestión distinta es la relativa a la forma de indemnizar los derechos de los afectados por ella, pero no cabe negar, el derecho de la Administración a gestionar de forma indirecta para ser más eficaz en el gasto los servicios públicos, sin otro argumento que el de una interpretación restringida y sintética de lo que es la amortización.

3. No ha existido fraude de ley porque la norma de cobertura expresamente autorizaba la amortización y ninguna norma existe que la prohíba, salvo la interpretación que por primera vez hace la Sala. Los argumentos de la sentencia de la mayoría al respecto son insuficientes: no señala cuál es la norma de cobertura con base a la que se construye el fraude, no razona que la misma no autorice esa actuación, no expresa la norma que se pretende eludir, ni cuáles son los derechos que se pretenden burlar. Por tanto, no motiva, cual requiere el artículo 24 de la Constitución, la existencia del fraude de ley, la concurrencia de los
requisitos que establece la jurisprudencia para apreciarlo, incluso el Tribunal Constitucional en sentencia de 6 abril 1988. Por el contrario, como la actuación de la Administración fue razonable y apoyada en normas concretas, cabría estimar que lo, realmente, defraudado fueron las normas que regulan el acceso a la función pública por orden de mérito y capacidad. 

4. Por todo ello, lo procedente habría sido estimar el recurso de la CAM y subsidiariamente oír al Ministerio Fiscal y a las partes para que informaran sobre la competencia de esta jurisdicción.

Mucho me temo que esta doctrina “unificada” sea flor de un día y que en breve se imponga el criterio de los votos particulares, porque realmente son correctos, jurídicamente hablando. Pero ver veremos; la función sólo acaba de comenzar.

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6 Responses to “Cese de interinos y amortizaciones ficticias de puestos de trabajo.”

  1. Se nota que ha tí no te ha ocurrido una situación semejante. Qué fácil es hablar por hablar.

  2. Los votos particulares parten de la base errónea de que la causa válida para la amortización es la que libremente desee la administración sin justificarlo. El parecer mayoritario es el ajustado a derecho porque si un puesto de trabajo es necesario por imperativo legal y además va a seguir existiendo tras la externalización, no es verdadera su amortización. El ET tiene figuras apropiadas para dichas situaciones como el proceso de cambio de empresario y las subsiguientes garantías para los trabajadores, algo que la Administración quería saltarse a la torera.

  3. Buenas tardes, les agradecería me indicasen la diferencia entre laboral indefinido e interino, en cuanto a ventajas y desventajas relacionadas con la estabilidad, posible indemnización en caso de despido, ERE, amortizaciones de plaza, etc. En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acaban de aprobar la RPT y simultaneamente quieren hacernos interinos a los 600 y pico indefinidos, y nadie sabe a ciencia cierta cuales son las diferencias en la práctica, así que no sabemos si el cambio de vínculo nos conviene o no. Muchísimas gracias por su ayuda.

    • Si os convierten en interinos, la extinción de vuestros contratos es mucho más sencilla, valdría con amortizar el puesto con supresión de plaza y a la calle sin indemnización. Si sois indefinidos el tema es más complejo y hasta el momento los Tribunales se están poniendo de parte del trabajador en el tema de necesidad de ERE e indemnización.

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