Administración electrónica y discriminación digital


 brecha digital         El 1 de junio de 2015 será un día especial en el universo administrativo ya que este activará una nueva fase de su conversión en universo virtual. Ese día, en virtud de la taumatúrgica racionalización del Sector Público, ciudadanos y Administración –léase empleados públicos- verán facilitadas sus relaciones pues las notificaciones vulgarmente conocidas como “notificaciones edictales” sólo podrán realizarse a través del B.O.E., independientemente de que las Administraciones pueden articular medios complementarios de publicidad que refuercen la publicidad en beneficio de los derechos de los ciudadanos (art.59.5 de la Ley 30/1992 según redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa).

         Esta notificaciones, y a la espera del obligado desarrollo reglamentario, se realizarán en el Tablón Edictal Único (TEU). Se trata de una comunicación virtual a través de un medio que en realidad ni es tablón ni es edictal ni es único, y que aún no se encuentra en funcionamiento.

      A día de hoy, para la mayoría, es dogma que “la administración electrónica hace posible una administración mejor y más eficaz, ya que mejora el desarrollo y la aplicación de políticas públicas y ayuda al sector público a enfrentarse a las contradictorias exigencias de ofrecer más y mejores servicios con menos recursos” (La administración electrónica para los servicios públicos europeos del futuro Erkki Liikanen, a la sazón comisario europeo para la empresa y la sociedad de la información)

       Con mejores argumentos podríamos sostener que los buenos hábitos dietéticos mejoran la salud de la población.

        Según los datos del informe “Perfil sociodemográfico de los internautas 20132, 8,5 millones de personas las que no han usado internet nunca. Y esto sólo teniendo en cuenta la población entre 16 y 74 años. Su perfil: viejos, pobres y sin formación.

     Por eso debe recordarse el ya clásico libro La brecha digital. Mitos y realidades en el que se rebate el mito de que el desarrollo de la infraestructura tecnológica de acceso a internet y sus aplicaciones propiciará un desarrollo comunitario y sostenible, pues “la brecha digital es el reflejo de una condición de subdesarrollo humano en donde los aspectos culturales y sociales trascienden a lo tecnológico”, sin que esto implique afirmar que “la tecnología aplicada en la dimensión y entorno adecuados no contribuya al desarrollo”, sino que es “el énfasis en los valores humanos” el que asegura la sostenibilidad.

      No podemos ignorar que la aplicación de la tecnología que refleja el TEU produce una clara discriminación para muchos ciudadanos, para los que los plazos administrativos no acaban a las 24 horas o que se verán notificados ficticiamente. No es desde luego este un problema que cree el TEU, pero es un paso más en esa línea y un buen momento para que considerar la forma en que incorporamos los avances tecnológicos a nuestro hacer administrativo de cada día.

         Es conveniente recordar que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos diseñaba la relación electrónica como un derecho de los ciudadanos y contemplaba las necesarias reservas para evitar la discriminación de quien decidía no ejercitarlos. Y así:

Art. 4. b) Principio de igualdad con objeto de que en ningún caso el uso de medios electrónicos pueda implicar la existencia de restricciones o discriminaciones para los ciudadanos que se relacionen con las Administraciones Públicas por medios no electrónicos, tanto respecto al acceso a la prestación de servicios públicos como respecto a cualquier actuación o procedimiento administrativo sin perjuicio de las medidas dirigidas a incentivar la utilización de los medios electrónicos.

Art.27.6. Reglamentariamente, las Administraciones Públicas podrán establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

28.1. Para que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico se requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido su utilización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.6. Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el consentimiento citados anteriormente podrán emitirse y recabarse, en todo caso, por medios electrónicos.

        Sin embargo, la expansión de la Administración electrónica sucede a un ritmo frenético, a la par que el resto de servicios electrónicos que muestran a los internautas nativos sistemas que les aportan utilidades y que las Administraciones se apresuran a trasladar a sus servicios en aras de la modernidad.

      Cuanto más moderno mejor: los Alcaldes se relacionan directamente con los ciudadanos a través de Facebook o Twitter; la utilización de servicios es instantánea a través de internet (citas previas, participación en eventos.); la participación ciudadana se articula a través de la red).

      No debemos engañarnos la red es un instrumento potente y peligroso y los políticos lo saben, por eso no tiene igual consideración una queja de una persona de 70 años presentada en el registro municipal y escrita a mano, que un Tuit expresando lo mismo.

    Resulta evidente que se produce una importante discriminación de los ciudadanos que no usan internet, bien porque no pueden (la mayoría) o bien porque no quieren. Y esa discriminación aumenta de forma exponencial cuando las acciones públicas se guían por la mera inercia de “la modernidad”.

    Si el fin de la Administración Pública es el servicio al ciudadano, en la configuración de este deberíamos tener en cuenta que existe un importante número de personas que no utilizan internet. Por ello el diseño de los servicios públicos tendría que incorporar la pertinente reflexión que a la vista de los concretos perfiles de usuario disponga las medidas que van a evitar la discriminación a la que nos referimos, poniendo el énfasis en los valores humanos” que aseguren la sostenibilidad.

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