Archive for ‘eficiencia’

23/07/2012

Crisis y deriva del empleo público:¿qué está pasando?


   Siguen las medidas de ajuste del empleo público produciéndose a velocidad de vértigo, de tal manera que resulta imposible siquiera ensayar, no ya una evaluación de las mismas, sino una mera valoración técnica. La vacatio legis, mecanismo racional donde los haya, acorde con la obligación del conocimiento de la ley, ha sido abolida. En ese contexto resulta imprescindible proceder a considerar las líneas de evolución y sopesar los escenarios futuros de lo que nos espera:

1º Carácter asistemático y contingente de las modificaciones legales: En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que en este ámbito, como en otros, no se ha procedido de forma sistemática mediante una reforma estructural, sino que se viene operando de forma contingente, en función de las exigencias económicas, incidiendo puntualmente sobre un sistema -el que incorporó el EBEP- del que se viene a certificar su defunción, aunque formalmente se mantenga su vigencia, como base neutra, en tanto que única y obligada- sobre la que operar. De ahí que, en la práctica, nos encontramos con un sistema mixto en el que conviven normas inertes previas con preceptos alumbrados en este estado de excepción. La consecuencia que cabría esperar de este estado normativo sería una absoluta confusión producto de la dificultad de conjugar el grupo normativo que encabeza el EBEP y las nuevas normas. Sin embargo, a nivel práctico, la velocidad de los acontecimientos, la rapidez y fugacidad de las medidas normativas que los abordan y el consiguiente carácter inaprensible de las mismas, tienden a difuminar, en el operador jurídico, el sistema de empleo público en el que teóricamente han de encajar.

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16/07/2012

Real Decreto-ley 20/2012: el electroshock como reforma del empleo público.


  Lo bueno de estos Viernes de Dolores es que durante toda la semana te vas haciendo a la idea de que lo que desde hace un mes llevan anunciando Rosell y Expansión va a ser que sí -otra vez más-  y que, salvo que seas un auténtico enfermo que hojea boletines oficiales en fin de semana, no te enteras de los hachazos hasta cuando el lunes lees el BOE del sábado que ha entrado en vigor el domingo, mientras tú estabas babeando la siesta en el sofá.  Y también, ya desde un punto de vista más profesional, que, este método, incorpora, sino seguridad jurídica, al menos la certeza de saber que cada lunes se deroga la mayor parte de nuestro ordenamiento mediante Decreto-ley. No sé que dirá el Obispo de Alcalá de Henares respecto a estas liberalidades en fiestas de guardar, pero sería mucho más nocivo que los hachazos pudiera incorporarse el BOE caprichosamente cualquier día laborable y sin avisar.

En fin, por ir al grano: desde hace algún tiempo, uno venía sospechando que el olor del BOE era a muerto. Ahora, tras el RDL 20/2012, ya tengo total seguridad: el EBEP está definitivamente fiambre – y nótese el avance técnico: sin necesidad de derogación, ni expresa ni tácita-. De momento no parece que estén programados funerales ni luto oficial.

El RDL se las trae, porque con prisas y cortaspega no salen precisamente niquelaos, los RDL. Ya se sabe, cuando das sin mirar, los hachazos los das donde los das;  y, sí, cortas, pero sin excesiva precisión. Vamos al grano:

Empieza la norma con una extensa perorata adoctrinante sobre las necesarias reformas estructurales -más que nada como vaselina-, porque los hachazos serán cualquier cosa, pero lo que se dice estructurantes, realmente estructurantes no son. En lo que al empleo público se refiere, se proclama que su fin último es lograr unas Administraciones Públicas más eficientes, optimizando los recursos, avanzando en la mejora de la gestión, para lograr el incremento de la productividad de los empleados públicos. Y ya lo avanzo, las medidas que se incorporan son radicalmente conyunturales; huérfanas de más criterio que el de librar, por ahora.

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09/07/2012

Ley de Presupuestos del Estado 2012: La jornada de trabajo,


     Nada ha cambiado en la redacción final de la regulación de la jornada de trabajo del Sector Público que finalmente se contiene en la Disposición Adicional Septuagésima primera de la Ley de Presupuestos del Estado para el 2012, respecto a lo ya avanzado en anterior entrada.

Por tanto, para los funcionarios, vuelta a la situación anterior a la entrada en vigor del EBEP, en la que los Tribunales interpretaron sistemáticamente que la jornada máxima de  las 1.647 horas anuales  (art.2.1  de la Resolución de 20 de diciembre de 2005) se establecía, paradójicamente como indisponible -máxima y mínima (sic.)-. Ahora, además, se aplica al resto de personal, y, por tanto, también al laboral.

Ahora bien, la cosa, que la Ley resuelve con garbo considerable, se las trae en cuanto a aplicación.

Algunos apuntes en trazo grueso:

¿Qué significa la expresión “treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual? Se establece es el número de horas de trabajo efectivo en cómputo anual; y, por tanto, no es obligatoria una jornada general semanal mínima obligatoria de 37,5 horas.

¿1.647 horas anuales? No me digan de donde sale este cálculo. Algunos sostienen lo siguiente: computando 37,5 horas semanales o 7 horas y 30 minutos de jornada diaria, tendríamos un total de 1.957 horas y 30 minutos anuales (cómputo de 52 semanas y 1 día). A esas 1.957 horas y 30 minutos se le descuentan las horas totales de las vacaciones anuales, moscosos y festivos establecidos reglamentariamente, y de ahí tendríamos aproximadamente las 1.647 horas efectivas al año. Pero a mi no me sale eso, y, además, si fuese así, la cosa sería grave, porque a mi juicio sería un error computar moscosos (¿cuántos?, ¿cuentan las licencias?, ¿todas?…).

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04/06/2012

Patafísica Administrativa. El futuro de los planes de ajuste.


Hoy más que nunca resulta procedente una vuelta al surrealismo o, mejor a la Patafísica de Alfred Jarry y su Doctor Faustroll, como ciencia de las soluciones imaginarias en un mundo donde  todo es anormalidad y la regla es la excepción de la excepción. La regla es lo extraordinario, lo que conduce directamente al predominio de la anormalidad (en la obra Gestas y opiniones del Doctor Faustroll, patafísico subtitulada como Novela Neo-científica el Doctor Faustroll va acompañado de un mono un mono papión llamado Bosse-de-Nage que en cada situación repite siempre: “Ah-ah“. Para más información: Novísimo Instituto de Altos Estudios Patafísicos).

   A esta reflexión me conduce la deriva de los acontecimientos actuales, el análisis que de los problemas de la Administración se realiza y de las soluciones que se proponen. En lo que a los Ayuntamientos se refiere, y no digamos nada de las CCAA, creo que las promesas y actos de contrición son realmente decorativos; posiblemente durarán lo que una tormenta de verano; la anormalidad es la regla.

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12/04/2012

Periódico y cafelito.


        No he podido resistirme. Sea.

   Los Medios reflejan las declaraciones del Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ante el foro empresarial Aragonex en un “desayuno empresarial” celebrado bajo el lema: La devolución de competencias autonómicas no es la solución al déficit.No tiene desperdicio. Con el ánimo de ser breves nos centramos exclusivamente en el tema de la ampliación del horario de los empleados públicos:

cifra en 2.500 millones de euros el ahorro que supondrá para comunidades autónomas y ayuntamientos la extensión de la jornada laboral de los funcionarios en 2,5 horas semanales, subrayando  que “nada será como antes” y que los trabajadores, estén al servicio del sector público o del sector privado, deben ser conscientes de la necesidad de una formación permanente para ser más efectivos.

   Pero los más interesante es que ha añadido una chicuelina escarnofuncionarial  para empresarios y prensa: los empleados públicos deben “olvidarse del cafelito y de leer el periódico” y ser más productivos, con responsabilidad y humildad, “que no sumisión” (por cierto, al final lo arregla diciendo que esta perla también es aplicable a los trabajadores del sector privado).

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10/02/2012

Descolonizar (actuaciones básicas para lograr la eficiencia de los empleados públicos) (3)


    Sí, eso, descolonizar. Poner fin a una situación colonial. Podría haber dicho despolitizar, pero creo que son conceptos diferentes. Si hablásemos de la politización de la Administración, estaríamos refiriéndonos a una situación, que sin duda también se produce, pero que, también sin duda, es diferente de lo que nosotros denominamos como la colonización de la Administración. El debate sobre la politización tiene otra altura, evidentemente más elevada; la cuestión de qué grado de penetración política ha de tener la Administración es un debate sobre la necesidad de un adecuada conexión entre estructuras públicas (política y burocráticas).

   Empleamos el término colonización, con la carga negativa que supone, para aludir al fenómeno consistente en favorecer el acceso masivo de ciudadanos a los empleos públicos al margen del sistema de mérito,  con el fin de debilitar la Administración y lograr que, en vez de actuar  con arreglo a los principios de imparcialidad, legalidad y profesionalidad, lo haga, no ya subordinada a de un determinado partido, sino a concretas personas. Ciertamente la politización también persigue solventar los escollos que el principio de imparcialidad representa mediante el acceso de personas designadas políticamente a determinados puestos en la Administración, pero a diferencia de la colonización, lo hace, acertada o equivocadamente, para acelerar cambios sociales que ha legitimado la ciudadanía previamente. En todo caso, ese debate se reduce a la cuestión de cuál debe ser el sistema de designar al Director General de un Ministerio, por ejemplo.

     Nada hay en la colonización de teórico, ideológico o metafísico, por que lo que persigue la misma es simple y llanamente el dominio de las estructuras administrativas para consolidar el poder, enriquecerse y eliminar a quien a ello se opone.

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03/01/2012

Actuaciones básicas para lograr la eficiencia de los empleados públicos: 2.- Reducir el nivel de corrupción. Videocorrupción juego para Wii


En el reciente debate de investidura del Sr. Rajoy se produce una situación que a mi juicio es de excepcional importancia, sobre todo a la vista de las medidas de ajuste decretadas y las que van a venir si esto es sólo el inicio del inicio.

El debate se recoge en la prensa del siguiente modo:

El momento más tenso del debate se vivió por la actitud batalladora de Rosa Díez en lo referido a la corrupción política. La líder de UPyD exigió a Rajoy un compromiso claro con la lucha contra esta lacra, ya que en su opinión la corrupción “afecta a la credibilidad del estamento político, genera desapego y desconfianza entre los ciudadanos y afecta negativamente a la democracia”. Además, acusó a la clase política de “haber perdido la credibilidad de la ciudadanía”, por lo que consideró más necesaria que nunca una “ley de acceso a la información pública” para evitar los abusos políticos. Rajoy se mostró molesto con las afirmaciones de Díez, que le hicieron casi saltar del asiento. El próximo presidente del Gobierno se centró en legitimar a la clase política, molesto porque se “generalice” la idea de que la corrupción es algo consustancial al cargo. Dijo que había conocido a muchos políticos y que la gran mayoría son “honorables, decentes y están preocupados por los derechos de los ciudadanos”. Rajoy se atrincheró en esta idea y repitió sin cesar que no se puede “aceptar” que se transmita la idea de que la corrupción política está generalizada; sin dar respuesta a las demandas planteadas por la líder de UPyD, nada descabelladas a la luz de los próximos sucesos”.

Sobre este asunto recuerdo un artículo de opinión de Víctor Lapuente Giné (profesor de Ciencia Política en el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo en Suecia) titulado ¿Por qué hay tanta corrupción en España?  y publicado en El País en el 2009. Extraigo lo siguiente:

“Como la literatura moderna sobre corrupción señala, las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una “mala cultura” o en una regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las elecciones”.

Por otro lado el Informe de percepción de la corrupción de 2011 realizado por Transparencia Internacional sitúa a España con un índice de 6,1 entre Chipre y Taiwan (0 es la mayor corrupción y 10 la menor). Por tanto, a excepción de Portugal (6,1) y al margen de Italia, no existe país de la Europa occidental con peor resultado.

¿En qué afecta esta cuestión a nuestra economía? Pues de forma muy importante según todos los expertos. Hoy existe en el mundo un consenso en el sentido de que la corrupción en el gobierno y en el comercio frena el crecimiento económico. Creo que el trabajo elaborado por Laura Alcaide Zugaza (“Corrupción: obstáculo al crecimiento y la competitividad“) con base a datos de fuentes internacionales es suficientemente ilustrativo.

En todo caso, ha de tenerse en cuenta cuál ha sido el papel de la corrupción en la burbuja inmobiliaria española y que ha sido nuestra clase política y sus representantes quienes han orientado la política de las Cajas de Ahorro que por ello han financiado aeropuertos fantasmas y demás manifestaciones del faraonismo.

Como señalaba el historiador Santos Juliá en el magnífico artículo publicado el sábado último en El País bajo el título “Políticos y profesionales”:lo urgente no es prescindir de los banqueros que aprovechan la ocasión para enriquecerse; lo urgente es cambiar de política, justamente para impedir que los banqueros se forren”.

Y si esto es así: ¿por qué el Sr. Rajoy no incluye en su programa y en sus urgentes medidas actuaciones directas contra la corrupción? ¿Por qué el lenguaraz Sr. Rosell no nos ilustra con su opinión sobre estas cuestiones? ¿Y a los sindicatos que les parecen estas cuestiones tras su incomensurable experiencia en la gestión de los fondos formativos?

Y, además…, si sería políticamente rentable… Incluso más que cargar contra los empleados publicos.

El problema no son los ciudadanos, ni siquiera los bancos; ni siquiera las políticas. El problema son los políticos. Entonces ¿por qué no cambian? Verás, va a ser que hay que privatizar la corrupción.

Mientras reflexionamos Os dejo con este entretenido  videojuego de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional.

 

17/11/2011

Actuaciones básicas para lograr la eficiencia de los empleados públicos: 1.- La reforma de la estructura territorial.


No sé donde he leído que los chinos denominan de igual forma a la crisis y a la oportunidad, lo que no deja de ser una filosofía en nuestra realidad actual.

   Con motivo de las elecciones a celebrar el domingo próximo, los candidatos de los diferentes partidos políticos se han lanzado a realizar propuestas relativas a la disminución del gasto público, y en lo que ahora importa, se están formulando planteamientos sobre la estructura territorial de la Administración local, tendentes a su “adelgazamiento” mediante la reducción de entes territoriales.

    Desde todos los puntos de vista se trata de un tema nuclear  en el que parece existir, ahora, un elevado y renovado consenso: existe una importante “polución administrativa” con dos, tres, cuatro o cinco niveles de administración local, dependiendo de los territorios que resulta absolutamente ineficiente y genera un gasto público desproporcionado e injustificado. Es más, Expansión ha publicado una encuesta empresarial en la que este colectivo considera que, además de la reforma laboral, la cuestión más importante es la reestructuración de la Administración, incluso por delante de la reducción de impuestos.

   Podría pensarse -a buenas horas mangas verdes- que la coyuntura no facilita una reflexión serena; no obstante, en este asunto, más vale reflexionar de forma apurada que no hacerlo (crisis=oportunidad).

    El asunto es también el fulcro principal en lo que se refiere a la eficiencia de los empleados públicos locales, sencillamente porque sin un tamaño adecuado, las administraciones locales no tendrán una adecuada estructura de gestión recursos humanos; carecerán de planificación; no podrán incorporar personal directivo; y, en fin, resultará inviable la puesta en marcha de sistemas de evaluación o carrera profesional. Y todo ello sin aludir a los fenómenos asociados a la existencia de entidades de pequeño tamaño (captura de políticos y funcionarios por grupos de interés, efecto desbordamiento…).

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