Archive for ‘en defensa del servicio publico’

23/07/2012

Crisis y deriva del empleo público:¿qué está pasando?


   Siguen las medidas de ajuste del empleo público produciéndose a velocidad de vértigo, de tal manera que resulta imposible siquiera ensayar, no ya una evaluación de las mismas, sino una mera valoración técnica. La vacatio legis, mecanismo racional donde los haya, acorde con la obligación del conocimiento de la ley, ha sido abolida. En ese contexto resulta imprescindible proceder a considerar las líneas de evolución y sopesar los escenarios futuros de lo que nos espera:

1º Carácter asistemático y contingente de las modificaciones legales: En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que en este ámbito, como en otros, no se ha procedido de forma sistemática mediante una reforma estructural, sino que se viene operando de forma contingente, en función de las exigencias económicas, incidiendo puntualmente sobre un sistema -el que incorporó el EBEP- del que se viene a certificar su defunción, aunque formalmente se mantenga su vigencia, como base neutra, en tanto que única y obligada- sobre la que operar. De ahí que, en la práctica, nos encontramos con un sistema mixto en el que conviven normas inertes previas con preceptos alumbrados en este estado de excepción. La consecuencia que cabría esperar de este estado normativo sería una absoluta confusión producto de la dificultad de conjugar el grupo normativo que encabeza el EBEP y las nuevas normas. Sin embargo, a nivel práctico, la velocidad de los acontecimientos, la rapidez y fugacidad de las medidas normativas que los abordan y el consiguiente carácter inaprensible de las mismas, tienden a difuminar, en el operador jurídico, el sistema de empleo público en el que teóricamente han de encajar.

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16/07/2012

La Oferta de Empleo Público en la Ley de Presupuestos del Estado 2012: consecuencias futuras.


    Mala cosa cuando el ordenamiento se innova de forma más rápida que el tiempo que los seres humanos necesitan para leer el BOE siquiera por alto. De esta forma, se justifica el incumplimiento de la norma por su desconocimiento, queda hecho añicos el principio iura novit curia (porque los Jueces, aunque sea una creencia extendida lo contrario, no leen más rápido que el resto de los mortales), y, también, la Jurisprudencia dimite como fuente del Derecho -si es que lo era aún-. Lo digo, porque, uno que es lento, estaba reflexionando sobre la OEP y la LPE 2012, y resulta que le coge desprevenido el vendaval de ajustes que anuncia el Sr. Rajoy en el Congreso para este próximo Viernes de Dolores. Y entonces -uno se pregunta- ¡qué diantres importa lo que digan los Presupuestos sobre la OEP 2012, cuando además lo que vienen a establecer es que la misma no existe!

En cualquier caso, tercos nos, pensamos que la congelación -hibernación ya- de las OEP merece una reflexión porque puede ser una excusa adecuada para enfatizar algunas cuestiones que sí tienen considerable importancia respecto al empleo público.

La LEP 2012, como no podía ser de otra forma, es una negación de la existencia de OEP; es decir, una norma de prohibición radical. En el año 2012 no habrá OEP y no se incorporará nuevo personal. Vemos en detalle las diferencias, no tanto respecto a la LPE 2011, sino respecto a lo establecido en el radical  RDL 20/2011, que ya comentamos aquí, respecto a la LPE 2011:

Por un lado la prohibición se radicaliza, dado que:

– si bien de forma ligeramente matizada, se extiende a las sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios (DA 23ª y 25ª).

– Se incluyen en la prohibición los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público cuya admisión en 2011 fue un subterfugio para evitar un choque frontal con determinadas CCAA en lo referente a las oposiciones de docentes (ver anterior comentario).

– Las excepciones a la prohibición general se limitan enormemente, sobre todo para las EELL, pues la Ley de Presupuestos del Estado para el 2011, modificando el tradicional criterio de no aplicar a las Entidades Locales de menor población el límite de la tasa de reposición de efectivos que se preveía en general para el sector público, ya imponía a las Corporaciones locales un límite del 30% lo que implicó  que la inmensa mayoría de las pequeñas Entidades Locales no pudieron legalmente aprobar OEP para el ejercicio 2011. Ahora el límite de la tasa de reposición de efectivos se reduce al 10%, limitándose además a los ámbitos de la Policía local y de la prevención y extinción de incendios. Por tanto, y salvo en grandes entidades, en la Administración Local no habrá OEP.

– Respecto a la prohibición de incorporar personal interino o temporal también se estrecha el marco de las excepciones, exigiéndose ahora para la contratación o nombramiento de este tipo de personal, además del carácter excepcional del caso y de que se trate de necesidades urgentes e inaplazable, que se se restringirán las incorporaciones temporales a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, lo que, a priori parece exigir un pronunciamiento de cada EELL sobre el asunto. Se trata de un requisito importado de las OEP del Estado que es ciertamente desconcertante a nivel de EELL medias y pequeñas. En las mismas, la reposición de muchos de sus efectivos deben ser cubiertas sí o sí, porque en caso contrario simplemente habría que cerra el servicios afectado. ¿Cómo funciona la biblioteca si se jubila el único auxiliar?; ¿cómo informar las licencias si se va el arquitecto? Como la posibilidad de cubrir reglamentariamente la plaza se encuentra absolutamente vedada, no queda más remedio que acudir a las interinidades justificando la excepcionalidad y urgencia -realmente no es excepcional, sino imprescindible- y ahí es donde entra el nuevo requisito. A mi juicio, cualquier EELL puede cubrir temporalmente -no queda más remedio- todas aquellas plazas que sean imprescindible para mantener el funcionamiento del servicio -nótese que digo imprescindibles y no necesarias-, lo que restringe un asunto que no deja de ser, no ya un concepto jurídico indeterminado, sino ciertamente un ámbito de discrecionalidad. Porque vamos a ver si se jubila el auxiliar de la biblioteca que cubre el turno de tarde, también podría adaptarse el horario para que pudiera cubrirlo el personal que restase, y eso es una decisión absolutamente dicrecional -que no arbitraria. Por ello, entiendo que, en el caso tomado como ejemplo, podría perfectamente incorporarse personal temporal. De ahí que ese nuevo requisito sea únicamente aplicable a ámbitos suplementarios al señalado.

Ahora bien, esta gestión coyuntural de las necesidades de personal impuesta a las EELL de forma sostenida en el tiempo va a tener profundos efectos en el empleo público y, por ende en el servicio público. La Administración y los Sindicatos, aunque principales artífices de la temporalidad en el empelo público, se han hartado de realizar declaraciones relativas a la necesidad de reducir la misma por sus perniciosos efectos; ahora, con este tipo de medidas, tal temporalidad se va a ver incrementada exponencialmente, y eso a la larga se paga. Se paga: con disminución de independencia de los funcionarios, sometidos a la amenaza del cese fácil e inminente; con el quebranto de los principios de mérito y capacidad en el acceso al empleo público, mediante los procesos de consolidación que, cíclica e invariablemente, siguen a este tipo de políticas; en fin con un reducción evidente de la formación y preparación, fruto de procesos de selección descafeinados.

No obstante, lo que sí se consigue es capacidad de adelgazamiento: ¡qué sería del servicio público si todos los funcionarios fueran interinos! Vamos, para algunos, un verdadero Valhalla.

19/06/2012

En la Reforma de la Administración, la clave es el control.


    Los análisis que sobre la Administración se están realizando con motivo de la crisis podrían dar lugar a una biblioteca alejandrina; y, entre ellos, la mayoría son los dedicados al estudio de las medidas a adoptar para reducir un gasto que, a día de hoy, se presenta como un verdadero e incomprensible despilfarro. Ahora bien, lo extraño es que ese pragmático mirar hacia el futuro implique un evidente autismo en relación con el estudio de las causas de tamaña prodigalidad.

     A nadie se le escapa que la mejor manera de no repetir lo errores cometidos es analizar y entender las causas de los mismos. A estas alturas, nadie cuestiona ya que la corrupción es un mal endémico de nuestro Estado y, por ende, de la Administración Pública; y, tampoco, que los controles existentes no son efectivos. Los controles internos -Intervenciones Generales del Estado, CCAA o EELL- carecen claramente de independencia y se encuentran totalmente mediatizados por aquellos a quienes deberían controlar.

   Un claro ejemplo es el de los Ayuntamientos, en los que no se explicaría la montaña de facturas sin consignación o contabilización -las de los cajones que han salido a la luz con el sistema de pago a proveedores- si existiese un control interno mínimamente efectivo. Sin abandonar el mismo ámbito. ¿cómo explicar la ingente cantidad de indefinidos no fijos de plantilla que ahora se están poniendo de manifiesto como recurso para el adelgazamiento del empleo público? O ¿no resulta increible que se hayan construido aeropuertos en los que no ha aterrizado un solo avión?; ¿quién fiscalizó los estudios de viabilidad? La razón es: o no existió control o éste fue ineficaz.

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10/05/2012

Productividad y chocolate espeso


  Ya he dedicado en este blog diversas entradas al tema de la retribución por rendimiento en el empleo público español. me hace volver sobre este tema una información reciente de nuestro inefable diario económico Expansión en la que se señala literalmente:

El Gobierno ligará a principios de productividad y rendimiento la parte variable, que supone entre el 15% y el 20% de los sueldos de unos tres millones de funcionarios y empleados públicos.

Quienes cumplan los objetivos que se hayan fijado seguirán cobrando lo mismo, aunque no se descartan aumentos en casos concretos y se descontará parte de la nómina a quienes no lo hagan.

Se abre así el proceso de preparación del Decreto que desarrollará el Reglamento de la Ley del Estatuto del Funcionario Público, que ya recogía la evaluación por desempeño y que sacó adelante el exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en 2007, pero cuya aplicación está paralizada desde entonces.

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07/05/2012

Cuestionario Mas-Colell


    La semana pasada El País publica un artículo titulado “Una política insuficiente” firmado por Andreu Mas-Colell como consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya: En él se mantiene que las medidas tomadas por el Cobierno español en educación y sanidad son insuficientes y que es necesario profundizar en las mismas de forma más radical de tal forma que se consiga un servicio universal mediante la eliminación de la gratuidad para quien pueden pagar.

  A estos efectos defiende el Sr. Mas-Colell la posibilidad de que existan ciudadano que repaguen el 100% del servicio, que se cobre por día de hospitalización… Manifiesta que la Generalitat no puede ir más allá por las limitaciones a las que se encuentra sometida que son fruto de una injustificada e inveterada desconfianza en las CCAA, y se pregunta: ” ¿Con qué autoridad moral se pretenderá después exigir a las autonomías?”

Tras la lectura de este texto, como ciudadano, y a los efectos de formarme una opinión, necesitarái que el Sr. Mas-Colell me aclarase las siguientes cuestiones que he organizado en este CUESTIONARIO MAS-COLELL:

Estimado profesor Mas-Collel:

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