Posts tagged ‘eficiencia’

23/07/2012

Crisis y deriva del empleo público:¿qué está pasando?


   Siguen las medidas de ajuste del empleo público produciéndose a velocidad de vértigo, de tal manera que resulta imposible siquiera ensayar, no ya una evaluación de las mismas, sino una mera valoración técnica. La vacatio legis, mecanismo racional donde los haya, acorde con la obligación del conocimiento de la ley, ha sido abolida. En ese contexto resulta imprescindible proceder a considerar las líneas de evolución y sopesar los escenarios futuros de lo que nos espera:

1º Carácter asistemático y contingente de las modificaciones legales: En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que en este ámbito, como en otros, no se ha procedido de forma sistemática mediante una reforma estructural, sino que se viene operando de forma contingente, en función de las exigencias económicas, incidiendo puntualmente sobre un sistema -el que incorporó el EBEP- del que se viene a certificar su defunción, aunque formalmente se mantenga su vigencia, como base neutra, en tanto que única y obligada- sobre la que operar. De ahí que, en la práctica, nos encontramos con un sistema mixto en el que conviven normas inertes previas con preceptos alumbrados en este estado de excepción. La consecuencia que cabría esperar de este estado normativo sería una absoluta confusión producto de la dificultad de conjugar el grupo normativo que encabeza el EBEP y las nuevas normas. Sin embargo, a nivel práctico, la velocidad de los acontecimientos, la rapidez y fugacidad de las medidas normativas que los abordan y el consiguiente carácter inaprensible de las mismas, tienden a difuminar, en el operador jurídico, el sistema de empleo público en el que teóricamente han de encajar.

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16/07/2012

Real Decreto-ley 20/2012: el electroshock como reforma del empleo público.


  Lo bueno de estos Viernes de Dolores es que durante toda la semana te vas haciendo a la idea de que lo que desde hace un mes llevan anunciando Rosell y Expansión va a ser que sí -otra vez más-  y que, salvo que seas un auténtico enfermo que hojea boletines oficiales en fin de semana, no te enteras de los hachazos hasta cuando el lunes lees el BOE del sábado que ha entrado en vigor el domingo, mientras tú estabas babeando la siesta en el sofá.  Y también, ya desde un punto de vista más profesional, que, este método, incorpora, sino seguridad jurídica, al menos la certeza de saber que cada lunes se deroga la mayor parte de nuestro ordenamiento mediante Decreto-ley. No sé que dirá el Obispo de Alcalá de Henares respecto a estas liberalidades en fiestas de guardar, pero sería mucho más nocivo que los hachazos pudiera incorporarse el BOE caprichosamente cualquier día laborable y sin avisar.

En fin, por ir al grano: desde hace algún tiempo, uno venía sospechando que el olor del BOE era a muerto. Ahora, tras el RDL 20/2012, ya tengo total seguridad: el EBEP está definitivamente fiambre – y nótese el avance técnico: sin necesidad de derogación, ni expresa ni tácita-. De momento no parece que estén programados funerales ni luto oficial.

El RDL se las trae, porque con prisas y cortaspega no salen precisamente niquelaos, los RDL. Ya se sabe, cuando das sin mirar, los hachazos los das donde los das;  y, sí, cortas, pero sin excesiva precisión. Vamos al grano:

Empieza la norma con una extensa perorata adoctrinante sobre las necesarias reformas estructurales -más que nada como vaselina-, porque los hachazos serán cualquier cosa, pero lo que se dice estructurantes, realmente estructurantes no son. En lo que al empleo público se refiere, se proclama que su fin último es lograr unas Administraciones Públicas más eficientes, optimizando los recursos, avanzando en la mejora de la gestión, para lograr el incremento de la productividad de los empleados públicos. Y ya lo avanzo, las medidas que se incorporan son radicalmente conyunturales; huérfanas de más criterio que el de librar, por ahora.

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09/07/2012

Ley de Presupuestos del Estado 2012: La jornada de trabajo,


     Nada ha cambiado en la redacción final de la regulación de la jornada de trabajo del Sector Público que finalmente se contiene en la Disposición Adicional Septuagésima primera de la Ley de Presupuestos del Estado para el 2012, respecto a lo ya avanzado en anterior entrada.

Por tanto, para los funcionarios, vuelta a la situación anterior a la entrada en vigor del EBEP, en la que los Tribunales interpretaron sistemáticamente que la jornada máxima de  las 1.647 horas anuales  (art.2.1  de la Resolución de 20 de diciembre de 2005) se establecía, paradójicamente como indisponible -máxima y mínima (sic.)-. Ahora, además, se aplica al resto de personal, y, por tanto, también al laboral.

Ahora bien, la cosa, que la Ley resuelve con garbo considerable, se las trae en cuanto a aplicación.

Algunos apuntes en trazo grueso:

¿Qué significa la expresión “treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual? Se establece es el número de horas de trabajo efectivo en cómputo anual; y, por tanto, no es obligatoria una jornada general semanal mínima obligatoria de 37,5 horas.

¿1.647 horas anuales? No me digan de donde sale este cálculo. Algunos sostienen lo siguiente: computando 37,5 horas semanales o 7 horas y 30 minutos de jornada diaria, tendríamos un total de 1.957 horas y 30 minutos anuales (cómputo de 52 semanas y 1 día). A esas 1.957 horas y 30 minutos se le descuentan las horas totales de las vacaciones anuales, moscosos y festivos establecidos reglamentariamente, y de ahí tendríamos aproximadamente las 1.647 horas efectivas al año. Pero a mi no me sale eso, y, además, si fuese así, la cosa sería grave, porque a mi juicio sería un error computar moscosos (¿cuántos?, ¿cuentan las licencias?, ¿todas?…).

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04/06/2012

Patafísica Administrativa. El futuro de los planes de ajuste.


Hoy más que nunca resulta procedente una vuelta al surrealismo o, mejor a la Patafísica de Alfred Jarry y su Doctor Faustroll, como ciencia de las soluciones imaginarias en un mundo donde  todo es anormalidad y la regla es la excepción de la excepción. La regla es lo extraordinario, lo que conduce directamente al predominio de la anormalidad (en la obra Gestas y opiniones del Doctor Faustroll, patafísico subtitulada como Novela Neo-científica el Doctor Faustroll va acompañado de un mono un mono papión llamado Bosse-de-Nage que en cada situación repite siempre: “Ah-ah“. Para más información: Novísimo Instituto de Altos Estudios Patafísicos).

   A esta reflexión me conduce la deriva de los acontecimientos actuales, el análisis que de los problemas de la Administración se realiza y de las soluciones que se proponen. En lo que a los Ayuntamientos se refiere, y no digamos nada de las CCAA, creo que las promesas y actos de contrición son realmente decorativos; posiblemente durarán lo que una tormenta de verano; la anormalidad es la regla.

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23/05/2012

Sí o sí. Aumento de jornada para los empleado públicos de la Administración Local.


       En anteriores entradas comentábamos el primer envite normativo para ampliar la jornada en el que con una regulación para los empleados públicos de la Administración del Estado, mediante el art.4 del RDL 20/2011, de 30 de diciembre,  que no era trasladable en la práctica a las EELL, se pretendió su aplicación en éstas con base en el  art.94 LBRL.

  Desde entonces, ríos de tinta procedentes de egregias plumas -y no tan egregias- han corrido por la red, que han servido para hacer entender al Gobierno que, en términos jurídicos el Pisuerga no pasa por Valladolid y que una capa es una capa y un sayo un sayo (quien quiera profundizar acuda al magnífico dictamen que el profesor JIMÉNEZ ASENSIO emitió para Federación de Municipios de Cataluña).

   Pues bien, esos ríos van a dar a la mar que es la DA 72ª del proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para el 2012, en su DA 72ª que, esta vez para todo el Sector Público, dice:

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10/02/2012

Descolonizar (actuaciones básicas para lograr la eficiencia de los empleados públicos) (3)


    Sí, eso, descolonizar. Poner fin a una situación colonial. Podría haber dicho despolitizar, pero creo que son conceptos diferentes. Si hablásemos de la politización de la Administración, estaríamos refiriéndonos a una situación, que sin duda también se produce, pero que, también sin duda, es diferente de lo que nosotros denominamos como la colonización de la Administración. El debate sobre la politización tiene otra altura, evidentemente más elevada; la cuestión de qué grado de penetración política ha de tener la Administración es un debate sobre la necesidad de un adecuada conexión entre estructuras públicas (política y burocráticas).

   Empleamos el término colonización, con la carga negativa que supone, para aludir al fenómeno consistente en favorecer el acceso masivo de ciudadanos a los empleos públicos al margen del sistema de mérito,  con el fin de debilitar la Administración y lograr que, en vez de actuar  con arreglo a los principios de imparcialidad, legalidad y profesionalidad, lo haga, no ya subordinada a de un determinado partido, sino a concretas personas. Ciertamente la politización también persigue solventar los escollos que el principio de imparcialidad representa mediante el acceso de personas designadas políticamente a determinados puestos en la Administración, pero a diferencia de la colonización, lo hace, acertada o equivocadamente, para acelerar cambios sociales que ha legitimado la ciudadanía previamente. En todo caso, ese debate se reduce a la cuestión de cuál debe ser el sistema de designar al Director General de un Ministerio, por ejemplo.

     Nada hay en la colonización de teórico, ideológico o metafísico, por que lo que persigue la misma es simple y llanamente el dominio de las estructuras administrativas para consolidar el poder, enriquecerse y eliminar a quien a ello se opone.

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10/01/2012

¿Aumento de jornada para los empleados públicos locales?


Parece que el tema del aumento de jornada en la Administración Loca se empieza a generar polémica de tal forma que sindicalmente se ha negado ya la posibilidad de aplicación con base a que sólo se encuentra prevista para los empleados del sector público estatal. En la parte contraria se sitúan aquellos que mantienen, simple y llanamente, que la medida es aplicable a los funcionarios locales; lo que dicho sin más aclaración no deja de ser una verdad a medias.

Desde mi punto de vista se produce un problema de nada fácil resolución con lo elementos existentes a día de hoy. Veamos:

El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público establece en su artículo 4 (apartado primero) lo siguiente:

Artículo 4. Reordenación del tiempo de trabajo de los empleados públicos: A partir del 1 de enero de 2012, y para el conjunto del sector público estatal, la jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos.

Como se puede comprobar, literalmente se refiere al sector público estatal, incluyendo a los empleados sometidos a cualquier tipo de régimen (funcionarial, estatutario o laboral). Por tanto no se refiere a los empleados públicos autonómicos, universitarios o de la Administración Local.

Para establecer la concreta repercusión del aumento de jornada sobre los empleados públicos de las Entidades Locales ha de tenerse en cuenta que el EBEP no ha regulado la jornada de trabajo, y atender a lo dispuesto en los arts.47 y 51 del EBEP.

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22/09/2011

¡Sobran empleados públicos! Ideas (1)




En estos tiempos de zozobra, en los que tanto y tanto desinteresado augur clama por el desmantelamiento de lo público – eufemísticamente: adelgazamiento -, y el político, urgido por la debacle que dictan los mercados, se afana en santificar las bondades de lo privado renegando de lo público, resulta de especial importancia detenerse en las causas del mal de la ineficiencia que aqueja a la Administración.

Y en esa texitura, ejercer de hepatóscopes * analizando las vísceras del cadáver para “adivinar científicamente el futuro”. Realmente deben ser cierta las teoría cuántica de los mundos paralelos.

Desde lo más remoto de los tiempos -entiéndase por remota al Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964 y su artífice López Rodó-, es un lugar común la quimera de “la función pública directiva”, la aspiración de que la Administración esté regida en su cúspide por funcionarios que actúen como directivos, con la necesaria capacitación y la presupuesta independencia. Es un tema “Guadiana” que aparece detrás de cada reformista; y también un caso digno de figurar como ejemplo de estupidez global en el famoso libro de José Antonio Marina (La inteligencia fracasada. Teoría y práctica de la estupidez).

¿Por qué si todos los especialistas convienen en que es necesaria una función pública directiva, la misma prácticamente no existe?

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